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Durante siete años la Fiscalía ha intentado armar el rompecabezas del desfalco a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y los resultados han sido escasos o nulos. No hay más de seis personas condenadas y varios de los protagonistas, entre ellos excongresistas y reconocidos empresarios, han esquivado de manera magistral a la justicia. A pesar de los intentos por develar a quienes terminaron vendiendo por precios irrisorios bienes de la mafia avaluados en miles de millones, y de que algunos expedientes estén en su recta final, en la Fiscalía nuevamente cambiaron a la fiscal que adelantaba los procesos más neurálgicos: Patricia Fonseca.
Contra la fiscal Fonseca hay quejas por su temperamento y forma de adelantar las investigaciones. Aun así, su cambio significa un nuevo estancamiento de expedientes que empezaron a moverse desde su llegada hace un año. Se desconocen los motivos de su salida, que se suma a la larga lista de fiscales que han tenido en sus manos las pesquisas de un escándalo de corrupción mayúsculo que siguen en impunidad. El movimiento de Fonseca a la seccional de Bogotá lo ordenó la directora ejecutiva de la Fiscalía de Francisco Barbosa, Marcela Yepes, y se dio luego de la segunda absolución en favor del exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, el pasado 15 de mayo.
(En contexto: Carlos Albornoz, exdirector de la nacional de estupefacientes, fue absuelto en un segundo proceso)
La fiscal Fonseca llegó al caso en la recta final del juicio contra Albornoz con la supuesta venta irregular del predio Jesús del Río, ubicado en el municipio de Zambrano (Bolívar), que fue decomisado en el año 2007 a un lugarteniente de Pablo Escobar. La jueza 22 de conocimiento de Bogotá determinó que no hubo pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de Albornoz en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y obtención de documento público falso. Junto con el exdirector de la DNE fue absuelto Eduardo de Praga Benavides, exdirector de bienes de la DNE.
Antes de su salida, la fiscal Fonseca apeló el fallo absolutorio que se leyó en audiencia virtual. Entre los argumentos dijo que sí se logró demostrar a través de pruebas técnicas que hubo irregularidades en la venta del predio y que en juicio se desacreditó al perito de la defensa. “La facilidad de generar dudas donde no las hay es la mejor forma de lograr una absolución”, sostuvo una fuente consultada. Ahora será el Tribunal Superior de Bogotá el que evalúe el proceso y determine si el juez de primera instancia tuvo razón o no. Albornoz, a su vez, ganó la puja contra la Fiscalía por segunda vez, luego de que en septiembre de 2019 se confirmara su absolución también por el caso de la Granja 32.
Carlos Albornoz aún tiene una cuenta que saldar con la justicia, y es la venta de los bienes de la sociedad barranquillera Promociones y Construcciones del Caribe (Promocon), la empresa del clan Nasser Arana que fue liquidada por Camilo Bula, quien ya fue condenado por estos hechos y es el principal testigo de la Fiscalía. Este proceso ya está en la recta final, solo falta que las partes presenten sus alegatos. Sin embargo, la fiscal del caso era Patricia Fonseca y con su salida tendrá que llegar un nuevo fiscal a estudiar el voluminoso expediente y sentar la posición final de la Fiscalía. Con otro factor en contra: el tiempo, pues los delitos de este caso prescriben en enero de 2021.
(Vea: Camilo Bula, condenado por corrupción en la DNE, terminará de pagar su condena en su casa)
Personas que conocen pormenores del caso DNE le dijeron a este diario que es una situación inaudita y que se pudo evitar, pues es muy difícil que el nuevo fiscal que asuma la investigación (aún se desconoce quién será) logre en menos de seis meses estudiar y entender un expediente trabajado durante más de seis años. El capítulo de Promocon ha sido un proceso torpedeado. Además de tener múltiples fiscales en sus distintas etapas investigativas y procesales, algunos de ellos tomaron decisiones que beneficiaron a los implicados y cambiaron su rumbo. Además, la Fiscalía perdió importantes batallas en el juicio.
Al asumir el caso, la fiscal Fonseca emitió un informe en el que sostuvo que a Albornoz le imputaron ocho delitos, pero que en el escrito de acusación el fiscal Ricardo Santiago González retiró cuatro “sin mayor motivación” y sin cumplir los requisitos legales para hacerlo. Asimismo, que el juez 37 penal de conocimiento de Bogotá rechazó pruebas claves recopiladas por el CTI, como testimonios e informes técnicos, para probar que los valores de venta de predios estaban amañados. La razón fue que eran complicados de entender. Asimismo, hay denuncias de que material probatorio se ha perdido.
El caso Promocon es uno de los más relevantes del escándalo de la DNE, pues más de ocho personas son investigadas por, supuestamente, pagar millonarias sumas de dinero a funcionarios de la DNE que les permitieron comprar a precios irrisorios bienes en Barranquilla, como el centro comercial Villa Country, el edificio Ejecutivo II, un parqueadero y una casa en Santa Marta conocida como Nuevo Horizonte. Entre los procesados están Leo Eisenband (dueño de Fedco) y su socio Luis Fernando Vásquez, quienes compraron el centro comercial Villa Country por $22.000 millones menos de lo que indicaba el avalúo comercial.
(Para más información: Los peros de la Fiscalía en las investigaciones por el caso DNE)
A Eisenband le imputaron cargos en agosto del año pasado luego de ocho intentos fallidos y, desde entonces, el proceso quedó en neutro, no avanza. Desde el 28 de enero de este año la Fiscalía intentó acusarlo formalmente. Esa diligencia, al igual que la citada para el pasado 11 de febrero, se suspendió porque la defensa no se presentó. Primero alegó que el caso era competencia de la jurisdicción de Barranquilla y luego que tuvo problemas con su vuelo en Avianca. Eisenband fue citado en tres nuevas oportunidades (17 de marzo, 19 de marzo y 20 de abril), pero ninguna prosperó por la pandemia. A su vez, la imputación contra Vásquez estaba prevista para el 24 de abril.
Con la salida de la fiscal Fonseca, otro de los procesos que quedó a la deriva es el de la venta del predio Cuba y Casablanca, un terreno de 780 hectáreas ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia que se negoció a $600 el metro cuadrado, cuando el valor en esa zona variaba entre $15.000 y $150.000. Por estos hechos están siendo investigados los esposos Isabel Cristina Vega y Jorge Alberto Urrea, a quienes extrañamente la Fiscalía (que luego intentó enmendar el error) les imputó fraude procesal por falsificar un título minero y no peculado por apropiación, un delito más grave por el que fue condenado Bula, quien les vendió el bien sin proceso de subasta.
En este proceso, al igual que el de los otros bienes que Camilo Bula ya aceptó haber vendido por un precio muy inferior a cambio de coimas que se repartieron entre funcionarios de la DNE, los avalúos con los que se demostrarían las irregularidades no han sido aceptados por los jueces. “La protección en estos procesos es terrible. El cacique está amparado”, señaló un abogado que conoce pormenores de la investigación. Agregó que la degradación de coautores a cómplices de varios de los investigados en el caso Promocon, entre los que están importantes empresarios del Caribe, reconocidas firmas avaluadoras y exfuncionarios de la DNE.
(Puede leer: Tras nueve intentos fallidos, Fiscalía logra imputar cargos a dueño de Fedco)
Los constantes cambios de fiscales en los procesos de la DNE han sido una estocada de muerte para la búsqueda de los responsables. Las dilaciones, polémicas decisiones judiciales e inconsistencias en los expedientes también han sido factores determinantes. Muchos de los episodios del escándalo de la DNE quedaron en los anaqueles del búnker. Varios protagonistas pasaron de agache. La impunidad sigue reinando y la Fiscalía continúa en deuda, con el tiempo en contra por la prescripción de los delitos y con un camino cuesta arriba que tendrán que recorrer fiscales sobre los que caerán procesos que poco o nada conocen.
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