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La fiscal Angélica María Monsalve radicó una solicitud de audiencia el pasado 23 de febrero que, según su relato, incomodó a “poderosos”. Ahora, la Fiscalía la trasladó a Putumayo, pese a que siempre ha vivido y tiene su familia en Bogotá. En la audiencia, que aún no se realiza, la funcionaria esperaba vincular formalmente a un proceso penal a dos empresarios y a un exconcejal de la capital, por presuntas irregularidades en un millonario contrato del sistema público de la ciudad.
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Tras dos años al frente de la investigación, la fiscal Monsalve pidió una audiencia para imputar a los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla, y al sobrino de éstos, Felipe Ríos Londoño. Según denunció la funcionaria en Noticias Caracol, esto llevó a que fuera trasladada a otro departamento. “No sé si sea corrupción, pero es un acto indignante trasladar a un funcionario que ha dado resultados para una ciudad, un departamento que es público y notorio que es caliente. ¿A qué juega la Fiscalía, qué pretende la Fiscalía? Ya mi vida o mi seguridad están en riesgo con los casos que yo manejo”, dijo.
Este es el informe completo:
La investigación contra los Ríos Velilla viene de años atrás. En 2011, Transmilenio le adjudicó a la empresa Recaudo Bogotá SAS un millonario contrato para recaudar los dineros que le entraban al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) a través de las tarjetas TuLlave. El lío es que, al parecer, la empresa era controlada en la sombra por Carlos y Javier Ríos, para la misma época en que Felipe Ríos fue concejal. Es decir, el contrato sería ilegal porque fue entregado a familiares de un funcionario. Pero no es tan sencillo.
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La fiscal Angélica Monsalve le explicó a Noticias Caracol: “La audiencia de formulación de imputación quedó establecida para el día 25 de abril del presente año. Esta fiscal nunca lleva una causa a juicio que no tenga vocación de una sentencia condenatoria y la Fiscalía General de la Nación está actuando con pruebas contundentes y pertinentes para poder decir que, efectivamente, los Ríos Velilla sí tenían el control sobre Recaudo Bogotá y que efectivamente esa contratación no se podía realizar”.
Por años, Carlos y Javier Ríos Velilla han negado estas acusaciones. Primero, con un argumento claro: ellos no están registrados como los dueños de la sociedad Recaudo Bogotá. Y, segundo, han apuntado a quien, según ellos, estaría detrás de una estrategia por desprestigiarlos: Angelcom, la compañía que tuvo el jugoso contrato de recaudo del SITP hasta 2011.
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También en defensa de Felipe Ríos ha rondado una carta, que mostró en su informe Noticias Caracol, en la que se asegura que el exconcejal desde hace años denunció que sus familiares no podían presentarse a la licitación de recaudo. Según la fiscal Monsalve, el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el padre del exconcejal, Alberto Ríos Velilla, buscaron a un amigo de ella para mostrarle la carta, que no tiene firma alguna. “No sé si para hacérmelo llegar, pero sí sé que Néstor Humberto Martínez manifestó que quería hablar conmigo, cosa que yo me negué rotundamente para no contaminar la investigación”, denunció Monsalve.
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