29 Jul 2019 - 4:38 p. m.

Exrepresentante Argenis Velázquez habría pagado $200 millones al cartel de la toga

La Fiscalía le imputó el cargo de cohecho por, presuntamente, haber dado esa suma a Luis Gustavo Moreno para retrasar las investigaciones en su contra que adelantaba el despacho de Gustavo Malo en la Corte Suprema. La política liberal dice que el dinero entregado a Moreno correspondía a honorarios, no a una comisión ilegal.

Redacción Judicial

La exrepresentante habría pagado $200 millones para embolatar un proceso en su contra en la Corte Suprema.  / El Espectador
La exrepresentante habría pagado $200 millones para embolatar un proceso en su contra en la Corte Suprema. / El Espectador

La exrepresentante por el Putumayo Argenis Velázquez habría pagado $200 millones al cartel de la toga para dilatar una investigación que tenía en la Corte Suprema por presunta malversación de recursos cuando fue alcaldesa de Orito, Putumayo. Según la Fiscalía, la excongresista por el Partido Liberal le entregó dicho dinero a Luis Gustavo Moreno, cuando todavía no era fiscal anticorrupción, para que, a su vez, se lo diera a un magistrado auxiliar del despacho de Gustavo Malo. Así lo expresó el fiscal del caso en la imputación de cargos, que se realizó este 29 de julio en los juzgados de Paloquema, en Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno se habría comunicado con Camilo Andrés Ruiz, magistrado auxiliar de Gustavo Malo, para saber qué estaba pasando con el proceso que tenía en contra la entonces representante Argenis Velázquez por presuntas irregularidades en el pago de unos recursos de la salud cuando era alcaldesa. Al saber que existía la posibilidad de que se emitiera una orden de captura en contra de la representante, dijo el organismo investigativo, se concertó con Ruiz para torpedear el proceso.

(Puede ver: Corte Suprema llama a indagatoria a Argenis Velásquez por cartel de la toga)

En la imputación se señaló que Argenis Velázquez habría adelantado $130 millones al magistrado auxiliar Ruiz para que este empantanara las pesquisas. “La principal forma de retardar la investigación fue ordenar prácticas de prueba, incluso repetidas, y la defensa solicitaba aplazamientos. Algunos de esos aplazamientos iban de acuerdo con la defensa y proponían fechas que se cruzaban con eventos que tenía anteriormente Luis Gustavo Moreno”, declaró la fiscal del caso.

::Argenis Velásquez, investigada por la Corte Suprema, fue sancionada por la Contraloría::

Gracias a esta actividad, supuestamente el proceso se dilató por dos años: de noviembre de 2014 a noviembre de 2016. A finales de 2016 se emitió el auto que abrió formalmente la investigación contra la exrepresentante. Frente a los señalamientos de la Fiscalía de cohecho por dar u ofrecer, Velázquez no aceptó los cargos. “La verdad desconozco lo que hizo (Luis Gustavo Moreno). Lo único que hizo fue pactar unos honorarios para que me brindara una asesoría, no hay pruebas ni mucho menos, solo lo que dice el señor. Pero en ningún momento me presté para comprar a un magistrado que llevara la investigación”, declaró la exalcaldesa y exrepresentante.

El proceso contra Velázquez por su vinculación en el cartel de la toga comenzó en la Corte Suprema de Justicia, pero pasó a la justicia ordinaria ya que se determinó que los delitos que habría cometido no tenían relación con su fuero como representante a la Cámara. La exrepresentante ya fue sancionada por la Contraloría por supuestas irregularidades en un pago que realizó cuando era alcaldesa de Orito a la Droguería Dinámica, un proveedor con quien el municipio no tenía ninguna obligación o relación contractual.

(Puede ver: Cartel de la toga: la Fiscalía investigará a exmagistrado del despacho de Gustavo Malo)

Según el organismo de control fiscal, la exalcaldesa faltó al deber de cuidado, diligencia y precaución que se exige como servidora pública, representante legal de Orito y reguladora del gasto. “Dichas funciones le exigían un manejo responsable de los recursos públicos del régimen subsidiado destinados a atender la salud de la población más vulnerable de su jurisdicción, que en este caso fueron desviados para pagar acreencias inexistentes”, precisó la Contraloría.

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