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La Fiscalía General ocupó con extinción de dominio 12 bienes que harían parte de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes. De acuerdo con la directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra, la organización estaría compuesta por civiles y uniformados de la Policía. Los inmuebles estaban ubicados en Bogotá y municipios de Cundinamarca, Cauca y Nariño.
“Las propiedades, avaluadas en más de 2.000 millones de pesos, pertenecerían a los integrantes de una red delincuencial señalada de mover cargamentos de cocaína desde el suroccidente hacia el centro del país. Algunos de los dueños serían funcionarios de la Policía Nacional”, resaltó la delegada de la Fiscalía.
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Para Donado, las pruebas que reposan en la investigación indican que, por lo menos, nueve uniformados, supuestamente, usaron sus cargos para hacerse pasar por agentes encubiertos, y con el supuesto de cumplir distintas operaciones, movilizaron más de 100 kilos de droga a Bogotá entre 2013 y 2015. Para estos traslados, al parecer, utilizaron vehículos oficiales y los canales de comunicación de la institución para controlar y monitorear la actividad ilegal.
“El material de prueba evidenció que el grupo de policías, presuntamente, recibió sumas de entre $750.000 y $60′000.000. En ese sentido, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio afectó los bienes de los funcionarios y particulares que harían parte de la red delictiva con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posición”, expuso Donado.
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Los bienes que fueron objeto de extinción de dominio en un operativo que adelantó la Fiscalía y el Ejército Nacional quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Por su parte, el coronel Harold Schmidt Gallego, comandante Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro resaltó que con este resultado se afectó al Bloque occidental de la Segunda Marquetalia.
