Fajardo pide oficialmente revisar imputación por presunta irregularidad en contrato

Sergio Fajardo, precandidato presidencial.

La defensa del precandidato presidencial Sergio Fajardo pidió a la Fiscalía General de la Nación, de manera oficial, la conformación de un comité técnico-jurídico para que se revise la imputación que el ente investigador anunció en contra del exgobernador de Antioquia por presuntas irregularidades en un contrato de empréstito para la sustitución de una deuda que se celebró durante su administración.

“Acudo a su despacho para solicitarle que convoque la realización de un comité técnico-jurídico. Esto, en atención al caso que fue comunicad a la opinión pública y respecto al cual se advierte de la imputación contra SFV (Sergio Fajardo Valderrama) por la celebración de un contrato de sustitución de deuda, suscrito el 5 de diciembre de 2013 por el departamento de Antioquia, en atención al alivio ofrecido por Findeter a los entes territoriales”, dice la carta que envió a la Fiscalía el abogado Mauricio Pava Lugo.

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Sin embargo, la petición por parte de la defensa no fue plana y, en su contenido, se hicieron varias observaciones a la decisión de la Fiscalía. “Le escribo con el pleno convencimiento de la ausencia de comportamiento o voluntad criminal predicable de los hechos contenidos en el mencionado comunicado de prensa. Por el contrario, los elementos acreditados no dejan duda de que la actuación de SFV se ajustaba a la legalidad”, dice Pava.

Por ejemplo, argumenta que el estudio de necesidad, que la Fiscalía dice que no se hizo para la sustitución de deuda, “lo hizo el Comité Financiero y de Tesorería del Departamento de Antioquia y se trataba de un alivio financiero ofrecido y estructurado por Findeter, entidad vinculada al Ministerio de Hacienda, con base en los estudios elaborados, entre otros, por la entidad del orden nacional”.

También se critica el hecho de que la imputación haya tenido en cuenta la falta de “proyección de la volatilidad del dólar”. “Independiente de qué significa imputar un delito por no anticipar el alza del dólar, la propuesta de Findeter se fundaba, entre otras, en el marco fiscal de mediano plazo 2013 (MFMP), expedido por el Gobierno Nacional, así como en las proyecciones de la propia gobernación”, agrega la carta al fiscal Francisco Barbosa.

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Por último, hace referencia a la adquisición del contrato de sustitución de deuda sin seguro de riesgo cambiario: “Continuamente, el Estado lleva a cabo operaciones en dólares sin adquirir cobertura adicional de riesgo cambiario. En el caso concreto, se estaba mejorando el perfil de endeudamiento (parte del cual ya estaba en dólares y sin cobertura adicional). La cobertura ofrecida era deficitaria al implicar el doble de interés y menor flexibilidad en los pagos. Al final, de haber tomado la cobertura, el Departamento de Antioquia hubiese pagado $ 6.400 millones adicionales al valor de la deuda “sin cobertura adicional”.

“Si bien imputar un delito a un ciudadano en Colombia es discrecional de la FGN (Fiscalía General de la Nación), no puede ser algo arbitrario”, añade el abogad de Fajardo, y le sugiere a la Fiscalía que, en caso de que no se convoque dicho comité para el estudio de la imputación, “le solicito acatar fielmente la garantía del “plazo razonable”, instruyendo a su delegado para que no se tome los plazos límite ni extienda innecesariamente el sometimiento de SFV al proceso penal”.

“Considere que si se trata de hechos ocurridos hace 7 años, denunciados hace 5, no resulta razonable demorar 120 días la presentación de la acusación una vez formulada la imputación. Este proceder somete a SFV a la ‘pena del banquillo’ con todo lo que esto representa para sus derechos como ciudadano, además de que compromete y mina nuestra democracia y los procesos electorales que la legitiman.”, concluye el abogado defensor, advirtiendo que ni Fajardo ni la defensa han recibido copia de la petición de audiencia de imputación de cargos anunciada el pasado 31 de marzo.