Sentados frente a frente, en un salón de un hotel de Valledupar (Cesar), 12 de los 15 máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón La Popa y sus víctimas se encontraron para dar el paso previo a la emisión de la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Los cinco magistrados que conforman la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz los reunieron allí, el 24 y 25 de julio, junto a representantes de comunidades indígenas, entidades del gobierno y organismos internacionales, con un solo objetivo: darle el último vistazo al compromiso de los victimarios con la reparación a las familias de las 127 personas asesinadas extrajudicialmente en Cesar y sur de La Guajira, entre enero de 2002 y julio de 2005.
Una diligencia clave para que la justicia transicional pueda emitir en máximo 31 días su primera sentencia; única también por ser la primera actuación jurídica de este tipo en la historia del país, tras siete años de funcionamiento de la JEP y de espera de las víctimas. La audiencia de verificación hace parte del macrocaso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamados falsos positivos.
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Se concentra en el subcaso Costa Caribe, que busca esclarecer los asesinatos cometidos en una alianza entre paramilitares y uniformados del Batallón La Popa, por los que 15 exuniformados fueron imputados. Tres de ellos negaron su responsabilidad y fueron enviados a juicio; los otros 12 aceptaron su rol en esos crímenes y esperan la sentencia.
La primera de las dos jornadas empezó con la intervención del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. “Estamos ante un hecho inédito para Colombia; hoy le estamos mostrando al mundo que este país es capaz de romper el ciclo de impunidad y hacer justicia frente a los crímenes más graves y atroces de más de 50 años de guerra”, dijo Ramelli. Tras su discurso, la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, quien preside esa sección del tribunal, instaló oficialmente la audiencia.
Las versiones de los victimarios
Tras hacer un resumen sobre la información contrastada al interior de la JEP y de otras entidades del Sistema Integral para la Paz (SIP) sobre los aportes de los 12 comparecientes que buscan luz verde para sus sanciones restaurativas, la magistrada Ochoa Arias le dio la palabra a los militares en retiro que hicieron parte del Batallón la Popa y que asesinaron a inocentes.
Se trata de Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
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Las intervenciones de los comparecientes, algunos de ellos con la voz quebrada, estuvieron centradas en reconocer los aportes voluntarios a la verdad y su compromiso con la labor de cierre del conflicto en la JEP. “Hemos venido en este proceso a la verdad y no me he quedado con nada”, dijo el teniente retirado Lora Cabrales, uno de los comparecientes.
“Hoy estoy aquí al frente de todas las madres a las que tanto dolor les causamos, dándoles la cara. Estoy a disposición de la JEP y de ustedes para que se sepa la verdad”, expresó el soldado profesional Mercado Sierra, otro de los procesados por la justicia transicional. Los nueve abogados que representan a los comparecientes y el delegado de la Procuraduría, los respaldaron.
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“El Ministerio Público recuerda que el proceso de aporte a la verdad y de reconocimiento de responsabilidad también contribuye a la restauración y reparación de las víctimas. En ese sentido, la Procuraduría reconoce en las víctimas su disposición para escuchar, para atender la verdad que por décadas esperan. Su resistencia no ha sido en vano”, dijo el procurador delegado, Fernando Antonio Burgos, quien se conectó virtualmente a la audiencia después de casi dos horas de haber iniciado.
Sin embargo, las víctimas no estuvieron del todo de acuerdo y en sus intervenciones, los siete voceros fueron insistentes en que la verdad aún no es completa y que hace falta que los victimarios realmente los miren a la cara, incluso mientras hablan.
La voz de las víctimas
Vestida con una camisa de cuadros amarillos y líneas negras, Laura Vanessa Peña abrió las intervenciones de las víctimas. Les pidió a los exmilitares, como lo hicieron la mayoría de los voceros, que la miraran de frente. “Hemos sentido que los lenguajes y los discursos de los comparecientes siguen siendo muy justificatorios. Mírenme, por favor, y quiero preguntarles si no se acuerdan de mí, de esta camisa que era de mi papá, la persona a la que ustedes asesinaron”, dijo la joven.
A renglón seguido cuestionó que parte de las nueve iniciativas de reparación planteadas para la sentencia del caso se centren en obras de infraestructura, como monumentos y centros comunitarios. “La memoria no se construye solo con ladrillos”, señaló.
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Alexandra María Chacín Rada fue otra de las víctimas que pidió que la reparación contemplada en las sentencias restaurativas no deje de lado sacar a la luz las verdades que aún están pendientes. “Ya está bueno de que se estén tirando la pelota unos a otros. ¿Quién les dio la orden a ustedes? Tenemos derecho a saberlo”, dijo la mujer.
Por su parte, Yesica Paola Fernández habló sobre la necesidad de que la reparación integral en el marco de la sentencia que se dictaría en agosto, dé un paso adelante en materia de acompañamiento psicológico. Pidió que no se deje de lado la necesidad de construir un centro de salud mental, con enfoque especial para ayudar a las víctimas de falsos positivos en Cesar y Sur de La Guajira.
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Armando José Pumarejo dijo que aún no hay declaraciones completas, sino “verdades a medias”. El hombre, cuyo hijo fue asesinado y presentado como una baja en combate, señaló que siente que lo han dejado a un lado: “Las víctimas no deberíamos ser lo último de la cola, sino el epicentro de esto. Pusimos a nuestros familiares”.
Y Osmaira Nieves Oñales, representante del pueblo wiwa, que junto al kankuamo son víctimas del subcaso Costa Caribe, dejó de lado el idioma damana de su comunidad, afiló sus palabras en español y leyó una declaración de tres páginas. “Llevo en mi historia la ausencia de dos hermanos. No negarán la verdad ni el dolor. Exigimos verdad, no como un favor, sino como un derecho”, señaló.
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La intervención la cerró Karen Castro Aguirre, quien se refirió al drama de los desaparecidos. “Hablamos de proyectos reparadores, pero no creo que haya reparación para ninguno de nosotros, cuando ni siquiera hemos podido darles cristiana sepultura a nuestros seres queridos”, dijo.
Al final, la magistrada Ochoa Arias hizo eco del objetivo de la audiencia: verificar el grado de verdad y los aportes de los victimarios, previo a la sentencia. “Los comparecientes reiteraron su compromiso con la verdad, lo consideramos un paso necesario en este camino de justicia transicional”, dijo a pesar del sinsabor de las víctimas. Pero reconoció que los aportes de los exmilitares no son un camino opcional: “no es una colaboración, es una obligación”.
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Solo queda una jornada para evaluar los proyectos de reparación; casi todos son obras de infraestructura que desde la primera jornada fueron cuestionadas en parte por las víctimas y que podrían ampliar en la última sesión la discusión sobre el verdadero sentido de la reparación.
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Por Gustavo Montes Arias
