La lucha por lograr un ápice de justicia por el homicidio de Julio César Peñaloza sigue, casi 34 años después de su homicidio. El entonces candidato al concejo por el Nuevo Liberalismo falleció en 1989, como consecuencia del atentado ocurrido el 18 de agosto de ese mismo año, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el que fue asesinado el dirigente natural de su partido, Luis Carlos Galán Sarmiento. El Consejo de Estado negó que se indemnizara a su esposa, Gloria Rojas y sus dos hijas, pero ellas no se dan por vencidas y darán la pelea hasta la última instancia.
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El día de los hechos, Julio César recibió un disparo mientras se encontraba en la plaza central de Soacha en el marco del evento de recibimiento del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y, tras cinco días de lucha en un hospital, falleció. El hecho fue declarado como crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia. Además, el alto tribunal determinó que la Policía Nacional actuó de forma omisiva porque conocía la visita del candidato presidencial y, a pesar de esto, no ejecutó las medidas necesarias.
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Ante este panorama, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a la familia de Peñaloza, presentó el 20 de febrero de 2019 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de reparación directa en contra de la Nación; el Ministerio de Defensa; y la Policía, en calidad de sucesora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Aunque en primera instancia resultó en condena al Estado por parte del Tribunal, el Consejo de Estado luego desestimó la demanda, por una sutileza jurídica.
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Para el Consejo de Estado, la Policía no era responsable del atentado contra los líderes políticos, ni debía responder por las acciones del desaparecido DAS. Incluso, que tampoco debían hacerlo las demás entidades que asumieron las funciones de esa entidad, como Migración Colombia o la Unidad Nacional de Protección. Contrariadas con la decisión, las víctimas presentaron una acción de tutela contra los magistrados de la Sección Tercera, que resolvieron la demanda de reparación, alegando que habían vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
La tutela cayó en el despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña, que concluyó lo mismo que sus colegas. En el fallo señaló que, si bien los casos de violaciones a los derechos humanos, como este, les permiten a los jueces flexibilizar las reglas de la reparación, no podría saltarse la ley y la Policía nada tuvo que ver en la muerte de Peñaloza. “La Sala advierte que no se encuentra configurado el defecto sustantivo alegado, dado que si bien no se desconoce que el Estado debe reparar los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción o la omisión de sus autoridades, no podía atribuirse la responsabilidad a una entidad que no ejecutó los hechos que fundamentaban la imputación que las actoras pretendían”, se lee en la decisión.
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Ante este nuevo fallo contrario, la CCJ presentará ahora una impugnación en la que sostendrá que las dos secciones del Consejo de Estado se equivocan porque la Policía incurrió en una omisión en el cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad en la plaza pública de Soacha. Sabía de la visita de Galán a este lugar y no ejecutó las medidas necesarias para garantizar la seguridad. En este sentido, piden proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia vulnerados por el Consejo de Estado y dejar sin efectos su decisión.
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Por este magnicidio, la Corte Suprema de justicia condenó al general retirado de la Policía, Miguel Maza Márquez, a 30 años de prisión. El oficial fue sentenciado por homicidio agravado y concierto para delinquir. En los últimos años, su expediente se movió entre la justicia ordinaria y la transicional, pero en diciembre pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió apartarse del caso y ahora está de nuevo en el alto tribunal.
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Por este crimen también fue condenado el excongresista Alberto Santofimio Botero, quien luego de un largo proceso fue sentenciado a 24 años de prisión en 2011, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reafirmó la condena impuesta en primera instancia. Ahora, el proceso que pide reparación para una de las víctimas de este magnicidio parece correr la misma suerte de extensas esperas para lograr un mínimo de justicia.
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