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11 Aug 2020 - 12:40 a. m.

Familiares de recluso que murió por COVID-19 denuncian fallas del Inpec

Se trata de un hombre que falleció el pasado jueves y que se encontraba recluido en el patio de exguerrilleros de las Farc de La Picota. De acuerdo con las denuncias, el Inpec extravió la cédula del interno y solo se pudieron hacer los tramites funerarios hasta ayer.

El pasado 6 de agosto, uno de los internos en la cárcel La Picota de Bogotá perdió la vida a causa del COVID-19. Se trataba de un hombre de 62 años que estaba recluido en el patio cuatro de este penal. Este patio, además, alberga a varios exguerrilleros de las Farc que advierten sobre la grave situación en la cárcel por la pandemia. Solo hasta ayer, dos días después de su muerte, sus familiares pudieron empezar a adelantar los servicios funerarios debido a que, denuncian ellos, el Inpec extravió los documentos personales del interno.

(En contexto: Se disparan contagios de COVID-19 en la Picota, van 298 casos)

Por solicitud de la fuente, llamaremos al interno Juan y a su hija, Paola. De acuerdo con la mujer, los padecimientos de Juan no se dieron de un día para otro. Cuando sus propios compañeros de patio lo llevaron a sanidad el pasado 25 de julio, habían pasado tres meses desde que Juan empezó con los primeros síntomas: tos y dolor de garganta sin que el Inpec le practicara alguna prueba para detectar el virus.

El pasado 26 de julio, Juan fue hospitalizado en el Hospital de la Samaritana (Bogotá), donde adecuaron una sala en urgencias para aislarlo debido a la falta de UCI en la ciudad. Por su estado de salud, Juan fue trasladado al Hospital Universitario La Samaritana en Zipaquirá, donde lo intubaron de inmediato. “El doctor nos dijo que tenía un pulmón muy comprometido a causa de una neumonía mal cuidada. Además, tenía mucha arritmia cardíaca”. De acuerdo con el relato de Paola, Juan ingresó a los dos centros asistenciales con sospecha de ser portador del virus, pero la confirmación del dictamen llegó posterior a su muerte.

Días antes de su fallecimiento, en un video grabado por sus compañeros de celda, Juan aseguró sentirse “muy enfermo, con mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mucho dolor de garganta”. Además, había perdido el apetito. Según las denuncias de los internos recluidos en este patio, la situación de Juan es el pan de cada día en este penal. Allí, el Inpec ha confirmado 1.474 detenidos de La Picota contagiados con COVID-19 y por lo menos, cinco exguerrilleros de las Farc se encuentran enfermos. Además, los presos aseguran que no han recibido la atención médica necesaria.

Un drama similar vive la familia de Juan, que incluso luego de su muerte advierten que el Inpec no les dio ninguna solución para poder retirar el cuerpo del hospital y que, para hacerlo, tuvieron que hacer los trámites particulares sin que, a la fecha, el Inpec dé alguna razón de sus documentos. “Ninguna funeraria se pudo hacer cargo por los problemas legales de mi papá y el Inpec nos dijo que tampoco podían hacer nada”, explicó Paola.

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Según la mujer, funcionarios del Inpec le dijeron que la cédula de Juan se había quedado en una URI y que los familiares debían encargarse de recogerla para poder terminar el papeleo en el hospital. Este diario intentó contactarse con el Inpec, pero no obtuvo ninguna respuesta. Los familiares de Juan catalogaron el comportamiento de la entidad como “inhumano”, pues nunca les comunicaron el estado de salud del interno ni de su traslado al centro asistencial.

Según Paola, Juan estaba ad portas de salir de la cárcel por medio del decreto de excarcelaciones 546 de 2020. Su hija aseguró que, a pesar de ser un hombre muy sano, habían decidido tramitar la prisión domiciliaria debido a su hipertensión, condición que lo ponía en mayor riesgo para enfrentar el virus con el hacinamiento que caracteriza a las cárceles del país. Juan estuvo cinco años en La Picota y según Paola, “ya se habían cumplido las 3/5 partes de su condena y desde abril estábamos esperando que la solicitud avanzara”.

No obstante, para poder concluir el proceso estaba pendiente una cita médica que confirmara la hipertensión que Juan sufría y que se fue dilatando. “La cita la tenía el 18 de marzo, pero cada mes le decían que el otro mes y se la fueron aplazando. Se suponía que el 11 de agosto lo vería el médico para que se pudiera completar el proceso”.

Los excombatientes de las Farc recluidos en el patio cuatro de La Picota hicieron un llamado a la Cruz Roja para recibir apoyo médico y aseguraron que el Gobierno no ha hecho nada para solucionar la grave crisis sanitaria que enfrenta la cárcel con más casos confirmados de COVID-19 en el país. Además, denuncian que el Inpec los “está matando de hambre” con alimentos que reciben a deshoras y que, a su parecer, no son los adecuados.

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La crisis carcelaria ha puesto en jaque el sistema penitenciario en el país, con agravantes como el hacinamiento y el déficit estructural de recursos. A mitad de julio de este año, los casos en La Picota de Bogotá subieron de manera alarmante. El penal, que para mayo confirmó ser la primera cárcel en recuperar a todos los internos contagiados, prendió las alarmas tras confirma 298 casos nuevos de coronavirus. Además, el pasado 21 de julio la entidad confirmó la muerte un guardia del Inpec de está cárcel.

A la fecha, internos de todo el penal ha denunciado la falta de atención médica y han asegurado que la cárcel se convirtió en una “sentencia de muerte”. El pasado 21 de julio, el director del Inpec, el general Norberto Mojica aseguró que el 84 % de las cárceles colombianas estaban libres de COVID-19 y que, además, el hacinamiento se redujo en casi un 23%. Asimismo, Mojica indicó que la cifra de recuperados superó los 2.000: “Seguimos trabajando con las diferentes instituciones municipales y departamentales bajo los lineamientos del Ministerio de Salud para dar un tratamiento efectivo, control de síntomas y aislamiento”, aseguró el alto oficial.

El anuncio es cuestionado por la población privada de la libertad en La Picota, quienes están a la espera de soluciones que eviten la muerte de más internos.

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