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Los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia acudirán ante la Corte Penal Internacional (CPI) para evitar que esos crímenes queden en la impunidad, luego de la decisión de un juez de liberar a 17 militares implicados en varios casos.
Lilia Solano, directora de la organización de derechos humanos Justicia y Vida, señaló que a pesar de la orden del Gobierno de confinar en un batallón a los militares liberados, los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales acudirán a la CPI.
"Hemos enviado ya una carta diciendo que esta es ya una prueba de que no habrá justicia y de que tienen que activarse los mecanismos de las cortes internacionales" , dijo Solano.
Por efecto del vencimiento de los términos legales o tiempos con los que contaban los fiscales para acusar de manera formal y llamar a juicio a los implicados, un juez ordenó el jueves que los militares del llamado Caso Soacha fueran puestos en libertad.
Solano indicó que se trató de una "estrategia perversa" la que utilizó la defensa de los militares para llegar hasta el "vencimiento de términos" . "Ni la sociedad ni la comunidad internacional van a aceptar que en este caso queden en la impunidad los crímenes de estos muchachos" , agregó.
Por su parte, el candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo (PDA) , Gustavo Petro, afirmó que la Fiscalía cometió un error al procesar a los 17 militares por homicidio, cuando se trata de un delito de lesa humanidad.
"Una vez se demuestre que la justicia colombiana no quiere o no puede (...) entonces entra la justicia complementaria" , dijo el líder político.
Añadió que la muerte sistemática de cientos de jóvenes a manos de oficiales del Ejército de Colombia es "indudablemente un delito de lesa humanidad" y por eso la Corte Penal Internacional puede tener competencia en este caso.
El Ministerio de Defensa ordenó este domingoa a los 17 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, que fueron liberados el jueves por un juez, a presentarse en un batallón para permanecer confinados mientras se aclaran los hechos.
En un comunicado, firmado por el ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla, se ordena la "presentación y concentración" del grupo de 17 militares, que están siendo investigados "por casos de homicidio en persona protegida".
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este viernes su preocupación por el rumbo que puedan tomar las causas sobre las más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales denunciadas en el país tras la excarcelación de los 17 militares implicados en varios casos.
Las víctimas fueron reclutadas bajo engaño a comienzos de 2008 y sus cadáveres aparecieron después en fosas comunes del noreste del país, donde estaban registrados como guerrilleros muertos en combate.
Por El Espectador
