Fiscal Barbosa anuncia que solo se pedirá prisión preventiva para procesados por delitos graves

En las cárceles colombianas, donde el hacinamiento alcanza el 50%, casi la mitad de los reclusos son personas que todavía no han sido condenadas. Otro gran porcentaje de ellos, son finalmente declarados inocentes y, al salir de prisión, demandan a la Fiscalía por millonarias sumas de dinero. Esto ha sido denunciado una y otra vez por abogados penalistas y expertos en política criminal. El fiscal Francisco Barbosa se refirió este miércoles al tema y dijo que, tras hablar con los presidentes de las altas cortes, decidió que solo se pedirán medidas de aseguramiento en centros de reclusión para personas que sean investigadas por delitos graves.

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Esto supone un cambio en la tendencia de la Fiscalía que llevó al contralor, Carlos Felipe Córdoba, a advertirle al exjefe del ente investigador Néstor Humberto Martínez, de los efectos que tiene sobre el erario mandar indiscriminadamente a la gente a la cárcel apenas en la fase de imputación. “Controle a sus muchachos”, le dijo Córdoba a Martínez en un foro público refiriéndose a los millones que tiene que pagar anualmente la nación por demandas de privación ilícita de la libertad que llegan a tribunales administrativos y al Consejo de Estado.

«Hay que definir que la medida preventiva de privación solo debe imponerse a personas peligrosas, como violadores y otros»: Fiscal General Francisco Barbosa #SobrePolíticaCriminal — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 29, 2020

Pues este miércoles, ante la Comisión Primera de la Cámara, Barbosa parece haber recogido esa reflexión. En medio del debate del proyecto de reforma constitucional para castigar con cadena perpetua a violadores de niños, el alto funcionario aseguró: “No puede ser que la Fiscalía siga siendo una entidad que de manera preventiva empieza a tomar decisiones y que esas decisiones representan ya un atiborramiento del 60% de las demandas por privación injusta de la libertad que han llegado al Consejo de Estado”. De hecho, según un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es la causa más común de demanda de reparación contra la Nación.

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Según dijo Barbosa, ahora prepara una directiva que estará lista en las próximas semanas para pedir medidas de aseguramiento intramurales solo en casos excepcionales. Es decir, tras la imputación de cargos, solo se pedirá prisión preventiva “para las personas peligrosas, personas que puedan causar un daño inminente a la sociedad”. Entre algunos de esos peligros mencionó, por ejemplo, a los violadores y aseguró que la medida ayudará a reducir el hacinamiento carcelario.

Asimismo, aseguró que es necesario que se debe revisar la proporcionalidad de las medidas de aseguramiento, pues reconoció que no en todos los casos en los que la Fiscalía envía a prisión preventiva a una persona que apenas está siendo investigada o en juicio, esa medida es necesaria.  Y agregó que es necesario que en el país se comience a ver el derecho penal “como una última ratio, como último elemento central, en la Política Criminal”.

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En concreto sobre la cadena perpetua para violadores dijo que “hoy solamente el 5% de las denuncias terminan en condena”. Según explicó, lo que que está ocurriendo es que, “a pesar de que han aumentado las penas, no ha aumentado la eficacia en la aplicación de la justicia” y, por ende, se apartó de la propuesta, pero señaló que centrará los esfuerzos de la entidad que dirige en preocuparse no tanto por la cuantía de las penas, sino por “la aplicación efectiva de justicia”.