El fiscal Álvaro León Polo Hincapié, quien lideró la investigación del Parqueadero Padilla, lugar donde se gestaban los negocios entre paramilitares y sus aliados políticos, será imputado por la fiscal Luz Samira Rodríguez con base en las declaraciones del exparamilitar Jacinto Alberto Soto Toro, alias “Lucas”. El hombre, condenado a 40 años de prisión por el homicidio de tres miembros del CTI que seguían las pistas del Parqueadero Padilla, acusó al fiscal Polo de presionarlo para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe.
Hasta hace pocas horas, la fiscal Luz Samira Rodríguez se declaraba en redes sociales como uribista, y es hermana de Edward Rodríguez, antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático y cercano al expresidente Uribe. Aunque los señalamientos de alias “Lucas” contra el fiscal Polo fueron en 2023, ahora la Fiscalía abrió una investigación por la denuncia y la fiscal Rodríguez imputará a su colega el próximo martes 27 de enero por abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Alias “Lucas”, capturado en abril de 2021 tras una orden del fiscal Álvaro Polo, declaró los días siguientes a su arresto en medio de una audiencia de indagatoria por varios crímenes que se le endilgan. Entre ellos, el asesinato de los agentes del CTI que investigaban el paramilitarismo en Antioquia, la masacre de Coredó (Chocó) y la del corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango.
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Esta última masacre, perpetrada por los paramilitares en junio de 1996, es la que vincularía a Soto Toro y al expresidente Álvaro Uribe. En los años noventa, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle denunció públicamente una supuesta omisión del entonces gobernador de Antioquia Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó en masacres como la de Ran Roque, El Aro y La Granja. Mientras Soto Toro afronta un juicio por estos hechos desde 2023, la Fiscalía no ha tomado decisiones de fondo sobre ese expediente contra el líder natural del Centro Democrático.
El 11 de junio de 1996, más de 20 paramilitares de los hermanos Vicente y Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, fuertemente armados y liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”, asesinaron a cuatro campesinos: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Una incursión armada que habría sido financiada desde el Parqueadero Padilla, la denominada oficina de finanzas de ese grupo armado en pleno centro de Medellín y que era administrada por alias “Lucas”.
Las denuncias de alias “Lucas” por presuntas presiones del fiscal Álvaro Polo para declarar contra Uribe
En diciembre de 2023, la defensa del exparamilitar alias “Lucas”, a cargo del abogado Jorge Alberto Rodríguez, recusó al fiscal 132 especializado, Álvaro Polo, por presuntamente presionar a su cliente para que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con el abogado Rodríguez, dichas presiones ocurrieron en junio de 2021, en medio de una indagatoria del fiscal Polo a alias “Lucas”, donde este último “afirmó haber recibido presiones por parte del Despacho y la Procuradora en agencia especial para hablar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si así lo hacía, ‘solucionaría su situación judicial’”.
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El abogado Rodríguez señaló que las presuntas irregularidades dentro del proceso de su cliente también ocurrieron en mayo de 2023, cuando el abogado Edison Zapata renunció a la defensa de alias “Lucas”. Según Rodríguez, un mes después el fiscal Polo nombró como defensor de oficio al abogado Francisco Abel Zapata, “sin respetar el procedimiento legalmente previsto para ello”, declaró Rodríguez.
Este nuevo abogado, Francisco Zapata, de acuerdo con la denuncia de Rodríguez, en “todas y cada una de las visitas que efectuó, su mensaje fue claro y tendencioso: mi prohijado debía acogerse a la figura de sentencia anticipada, pues esa era ‘su mejor opción’. Para ello, le recomendó ‘entregar la información relevante que conociera sobre personas de trascendencia política’” que estuvieran relacionadas con el caso del Parqueadero Padilla. El abogado Rodríguez señaló que “La recomendación del abogado de oficio llegó escasos días después de haber sido posesionado, con toda seguridad, sin haber estudiado los 24 cuadernos que componen el proceso”.
En la misma línea, el abogado de alias “Lucas” expuso cómo se habría desarrollado la indagatoria en la que, según su versión, el fiscal Álvaro Polo y la procuradora del caso presionaron a su cliente para que falseara su declaración. “Cuando Jacinto fue capturado (en abril de 2021), él estuvo tres meses en el búnker, y en ese tiempo se dio la indagatoria en donde el fiscal Polo y la procuradora Agencia Especial para el proceso le dijeron, usted únicamente hable en contra de Álvaro Uribe y usted soluciona su situación jurídica”, afirmó el abogado Jorge Alberto Rodríguez.
En paralelo, la defensa del expresidente Álvaro Uribe, a cargo del abogado Jaime Granados, solicitó al entonces fiscal general, Francisco Barbosa, que se investigaran las presuntas presiones atribuidas al fiscal Polo contra alias “Lucas”. En la carta, Granados pidió al fiscal poner bajo la lupa “las posibles presiones a las que se estaría siendo sometido el señor Jacinto Alberto, alias ‘Lucas’, para que, supuestamente, declare en contra del doctor Álvaro Uribe, información que proviene de la propia defensa del referido detenido y que involucraría, entre otros, a funcionarios activos de la Fiscalía”.
Dos años después, la investigación contra el fiscal Álvaro Polo dará inicio el próximo martes 27 de enero, con la imputación de la fiscal Luz Samira Rodríguez por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El Espectador intentó hablar con el fiscal Polo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta.
El caso Parqueadero Padilla
La captura de Jacinto Alberto Soto Toro, alias “Lucas”, el 16 de abril de 2021, y su condena en enero de 2024 permitieron reconstruir a fondo el funcionamiento del Parqueadero Padilla, una de las principales estructuras financieras del paramilitarismo en Medellín. No era la primera vez que alias “Lucas” era arrestado: el 30 de abril de 1998, el hombre sorprendido quemando documentos y disquetes en ese lugar, ubicado en el centro comercial El Hueco, a pocos metros del complejo judicial de La Alpujarra.
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La Fiscalía estableció que esos archivos eran clave para demostrar los vínculos entre empresas reconocidas y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (AUC), fundadas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Aunque el objetivo inicial era esclarecer el asesinato de tres agentes del CTI —Manuel Guillermo López, John Jairo Ruiz y Luis Fernando Gonzales—, el caso terminó revelando una red mucho más amplia de financiación y apoyo logístico al paramilitarismo, una investigación que permaneció estancada durante más de dos décadas.
Según sentencias de Justicia y Paz y documentos judiciales, alias “Lucas” conocía en detalle las finanzas de la casa Castaño y habría actuado como su contador y administrador. En el allanamiento al Parqueadero Padilla, las autoridades encontraron libros contables, extractos bancarios, facturas, comunicaciones sobre operativos militares, equipos de cómputo, 70 disquetes, cheques y dinero en efectivo.
“El proceso del Parqueadero Padilla permitió identificar 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, entre las cuales aparecen Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Cadenalco, Lander y CIA., Leonisa, Coltejer, Codensa, Empresas Varias de Medellín, Miro Seguridad Ltda., Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis, Transportes Botero Soto y Servicentro ESSO Las Vegas, entre muchas otras, cuyos vínculos con la financiación de las Autodefensas está por esclarecerse plenamente todavía”, agregó en ese momento el Tribunal Superior de Medellín.
Desde esa oficina, añadió la Fiscalía, se habrían financiado masacres como El Aro (1997) y La Granja (1996). El Tribunal sostuvo que alias “Lucas” habría “coordinado” operaciones con militares y paramilitares, suministrando hombres y armamento, y reprochó a la Fiscalía por no remitir el material probatorio completo.
El origen del caso se remonta a interceptaciones telefónicas realizadas por el CTI en los años noventa, durante el auge de las Convivir, “cuya creación se promovía desde el propio despacho de la gobernación de Antioquia con Álvaro Uribe y Pedro Juan Moreno a la cabeza”, escribió el exmagistrado auxiliar Iván Velásquez. De esas escuchas surgió el operativo que llevó al descubrimiento del Parqueadero Padilla.
Según el informe “Memoria de la impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo”, elaborado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad, el caso del Parqueadero Padilla marcó un punto de quiebre: por primera vez, los máximos jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (AUC) se sintieron seriamente amenazados por una investigación judicial. La reacción fue inmediata. Carlos Castaño, de acuerdo con ese reporte, envió un emisario a Medellín para contactar a un agente del CTI y referirse a la captura de alias “Lucas”. El intermediario era un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja.
“El tipo me dijo: ‘Yo vengo a hablar con usted porque hace ocho días me reuní con Carlos Castaño en Urabá y, efectivamente, está muy bravo con usted y con el CTI’. Yo le respondí: ‘De malas, dígale a él que el problema aquí no soy yo, así me vaya o me muera, las cosas siguen, es un problema institucional, de la defensa de la democracia, y no hablemos más’ y lo saqué de mi oficina. El tipo era, en la práctica, un emisario de los paramilitares”, relató uno de los investigadores a los autores del libro.
Pese al alcance del hallazgo, el expediente comenzó a diluirse en la burocracia judicial. En septiembre de 1998, la Dirección Nacional de Fiscalías trasladó el proceso a Bogotá, aunque investigadores del IPC señalaron que no existen copias de la Resolución N.° 057, en la que supuestamente se sustentaba esa decisión. El 23 de diciembre de 1999, el caso pasó de la Unidad de Terrorismo a la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, traslado del que tampoco habría registros claros. Finalmente, el 10 de octubre de 2001, las carpetas regresaron a Medellín, a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los jueces penales.
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“El proceso revela que apenas estábamos empezando a explotar unos pocos incidentes. Había mucho trabajo por hacer, muchas cosas por estudiar, muchas otras ciudades por visitar, pero con los días el expediente fue archivado en un anaquel”, explicó otro investigador consultado. En medio de ese desorden institucional, alias “Lucas” se fugó de la cárcel de Bellavista, en Antioquia.
Su rastro volvió a aparecer en febrero de 2004, cuando su abogada solicitó la cesación de todas las investigaciones en su contra, argumentando que tenía derecho a beneficios como paramilitar desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las AUC, en noviembre de 2003. Esa condición fue certificada el 10 de febrero de 2004 por Alejandro Albarracín, entonces delegado del Alto Comisionado para la Paz.
Con base en esa certificación, el Tribunal Superior de Medellín decretó la cesación del proceso contra quien era señalado como administrador de la casa Castaño. El despacho consideró que Soto Toro solo estaba vinculado a una investigación por concierto para delinquir y que no figuraba como indiciado por delitos como terrorismo, secuestro, genocidio u homicidio.
“El proceso revela que sólo fueron vinculados penalmente los paramilitares Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso e Isabel Cristina Bolaños Dereix, así como otras 26 personas más, a la mayoría de las cuales les precluyeron las investigaciones. Según varias fuentes judiciales, la fuerte influencia que sobre el proceso ejerció el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, quien asumió ese cargo el 31 de julio de 2001, motivó la preclusión de varias investigaciones que se desprendieron del proceso y evitó que se iniciaran otras tantas”, concluyó el informe.
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