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En la tarde de este miércoles 5 de agosto se conoció que la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar relacionada con un caso que comprometería a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, con posibles manejos indebidos de dineros, contratación irregular y corrupción. El caso fue asumido por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
La decisión del ente investigador se da solo un par de días después de que se conocieran unos audios de la ciudadana colombo-española Eva Ferrer, quien fue amiga cercana de Verónica Alconcer y su asesora durante la campaña presidencial, en los que se refiere a presuntos actos de corrupción durante el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro, su esposo.
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En esas declaraciones publicadas por Semana, Eva Ferrer menciona a varias personas cercanas a Verónica Alcocer, como el empresario catalán Manuel Grau, que estarían relacionados con un presunto esquema de contrataciones irregulares. También señala que le deben dinero desde que trabajó como estratega de imagen durante la campaña presidencial de 2022.
“Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, menciona en una de las grabaciones la mujer, que al inicio del gobierno Petro y tras un trámite de nacionalidad exprés llegó a ser consejera Presidencial para la Niñez y la Reconciliación. Los supuestos movimientos de dinero que señaló comprometerían directamente a Verónica Alcocer.
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“A Verónica le dieron dos millones de euros en campaña (cerca de COP 7.100 millones). Manuel (Grau) se los dio. Es que yo lo sé”, dice una de sus declaraciones. También señala que la primera dama “controla” puestos en Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); así como de presuntos “testaferros” para mover dinero.
Tras conocerse los audios, Eva Ferrer se pronunció por medio de un comunicado en el que señaló que esas declaraciones “fueron grabadas de forma ilegal y filtradas de manera indebida”. Agregará que no se pronunciará más al respecto, por respeto al proceso y a las acciones que tomen las autoridades competentes de cara a esta indagación.
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Verónica Alcocer, por su parte, le envió una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que expresó su ánimo de colaborar: ”Me permito manifestar de manera voluntaria mi absoluta disposición para colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, sea formulado por esa entidad”.
Sostuvo que no ha participado en movidas irregulares de dineros como señalan las grabaciones. “Ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en [su] nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares (...) Como ciudadana, y la mayor interesada en que mi buen nombre y el de mi familia sea reparado, reitero mi plena disposición para colaborar”, concluyó.
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