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Este 12 de febrero, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente al actual candidato presidencial y exalcalde de Santa Marta (Magdalena), Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien estuvo en el cargo durante el periodo 2012-2015. El hombre es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El ente investigador señaló que Caicedo Omar habría direccionado el contrato para la construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad, “en contravía de la normativa vigente” y generando un posible daño a las finanzas de Santa Marta.
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La Fiscalía indicó que el hombre tramitó y celebró un contrato en 2015 por un valor de COP 6.954 millones, el cual tenía un plazo de ejecución de seis meses. Según el ente investigador, los elementos probatorios indicarían que, en la fase precontractual del proyecto, Caicedo Omar, presuntamente, “pidió que fuera contratado, mediante prestación de servicios, un arquitecto específico para que elaborara los diseños del proyecto”.
Sin embargo, los productos presentados por el arquitecto estaban incompletos y tampoco contemplaron “paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos”. Pese a esto, el entonces alcalde de Santa Marta dispuso el pago total de la obligación del contrato.
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Además, el proceso de contratación no se coordinó ni concertó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el reglamento técnico ni los requerimientos de seguridad y esparcimiento exigidos para la implementación de espacios para la primera infancia.
La Fiscalía también señaló que la construcción de los centros de desarrollo infantil y las ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad fue confiada al único proponente que se presentó a la licitación. El ente investigador indicó que, en cuanto a la etapa de ejecución del proyecto, también se presentaron múltiples imprevistos.
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“No se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural; tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos ni de sismorresistencia”, indicó la Fiscalía.
Asimismo, el ente señaló que, para superar estas y otras inconsistencias, se realizaron 11 otrosíes y adiciones por COP 4.534 millones. “Diez años después, el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en un 94 %, sin ser entregadas en su totalidad”, aseveró el ente de control.
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