Tras llevar a juicio a Aguilar, la Fiscalía va por altos exfuncionarios de Santander

El contrato de reforzamiento de la Villa Olimpica de Bucaramanga se firmó en 2015 y contó con presuntas irregularidades.

Foto: Colaborador/a Esporádica

El contrato de 2015 para reforzar la estructura de la Villa Olímpica de Bucaramanga, de la cual hace parte el Estadio Alfonso López, terminó representando un enredo judicial al más alto nivel administrativo de la gobernación de Santander. Por estos hechos, el exgobernador y exsenador Richard Aguilar estuvo preso y permanece acusado. Ahora, la Fiscalía llamó a juicio al contratista y a tres antiguos funcionarios departamentales.

En contexto: Fiscalía llamó a juicio a exsenador Richard Aguilar por presunto caso de corrupción

La hipótesis de la Fiscalía contra Aguilar, puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, es clara: todo indica que el exgobernador trabajó para que el contrato, cuyo valor ascendía a los $22.000 millones, incluyendo las adiciones, quedara en manos del contratista Octavio Reyes Sarmiento. Este último fue el representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015 y sería amigo personal del también exgobernador Hugo Aguilar, padre de Richard Aguilar.

“El contrato de obra, con sus prórrogas, tuvo un valor total de $22.000 millones, de los cuales el 16%, al parecer, se comprometió para el pago de dádivas. Los elementos de prueba indican que el contratista (Reyes), al parecer, obtuvo previamente información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones. Adicionalmente, se estableció que le habrían reconocido anticipos y adiciones presupuestales por actividades que nunca se realizaron, y por subcontratar a personas y empresas que no participaron en el proyecto”, explicó la Fiscalía.

Antecedentes: Detalles de la investigación contra Richard Aguilar

Por esta hipótesis, la Fiscalía acusó al contratista Reyes Sarmiento por el delito de peculado por apropiación. Según el ente investigador, haría recibido directamente $4.374 millones, de los cuales se habría apropiado de $1.889 millones. Por otro lado, la entonces supervisora del contrato, la ingeniera Ana Lucía Wandurraga, fue acusada por el delito de prevaricato por omisión. Es llamada a juicio por no advertir, presuntamente, en sus informes el uso inadecuado del anticipo y la demora en la ejecución de las obras.

Además, fueron acusados Sergio Andrés Pitta Rueda, asesor jurídico de la Secretaría de Infraestructura, por el delito de concusión (exigir a un tercero una utilidad, aprovechándose de su cargo) e interés indebido en la celebración de contratos; y Édgar Fabián Báez Ariza, abogado de la Secretaría de Infraestructura, por el delito de peculado por apropiación. Richard Aguilar, por su parte, está libre desde finales del año por vencimiento de términos. Sin embargo, el proceso sigue en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.