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La Fiscalía acusó formalmente a la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau. Al parecer, la exfuncionaria sería responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales tras, según la teoría del caso, haber ampliado irregularmente una adición a un contrato de obra por un valor de $3.121 millones. La supuesta irregularidad tendría su origen en la ampliación de un contrato para la adecuación de obras civiles.
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Las pruebas recogidas por la Fiscalía lograrían afirmar que la ampliación irregular del contrato se dio con el propósito de garantizar el suministro de licuadoras, balanzas, estufas, neveras, elementos de panadería, carros de carga y artículos de oficina, a pesar de que el contrato original fue celebrado para la realización de varias construcciones en centros carcelarios. A pesar de que la adecuación se encuentra dentro de las funciones de la entidad, que maneja la parte logística y de infraestructura de los centros carcelarios, esta función no estaba incluida en el contrato original.
Además, la Fiscalía entregó pruebas que indicarían que la exdirectora habría solicitado un certificado para revisar si existía disponibilidad presupuestal y tramitó una prórroga en tiempo y valor sobre el contrato base. Este contrato se trata de uno de los hechos de corrupción por los que actualmente se investiga a Palau. La exfuncionaria fue capturada en 2019 por presunta corrupción en contratos para la construcción de cárceles que suscribió la Uspec con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
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En su momento, la Fiscalía aseguró que había conseguido conversaciones donde se evidenciaban las intenciones de varios de los procesados en este caso de quedarse con la contratación en Fonade. Como lo contó este medio, entre las comunicaciones que recogió el ente investigador,“hablan de ubicar personas de su entera confianza en Fonade y de la insistencia de María Cristina Palau Salazar para, presuntamente, quedarse con cargos de importancia y tener pleno conocimiento de los procesos de contratación en esa entidad”afirmó la Fiscalía.
En 2018, El Espectador reveló que las autoridades ya se encontraban investigando varios convenios que Fonade firmó con la Uspec y el Departamento para la Prosperidad Social. En el caso de la Uspec, se trata de los contratos para la construcción e intervención de nuevas cárceles, la ampliación de cupos y el mantenimiento de la infraestructura de las prisiones. Sobre estos hechos se investiga que, al parecer, habría delegados que contactaban a contratistas dispuestos a pagar coimas, pagos que habrían llegado a los políticos que controlaban la entidad.
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En el caso por el que ahora fue acusada la exdirectora Palau, la Fiscalía aseguró que la exfuncionaria, al parecer, violó los principios de responsabilidad, economía, transparencia y planeación de la contratación pública. Esto debido a que lo contratado para la dotación de las cocinas debía ser objeto de una licitación pública y de un proceso de contratación dentro de los parámetros legales.
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