Este 25 de agosto, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y otras personas presuntamente involucradas en las irregularidades detectadas en el contrato de mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
Según la Fiscalía, la investigación da cuenta de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y una empresa estadounidense. El acuerdo, por un valor de USD 32 millones, tenía como objetivo realizar el mantenimiento de los helicópteros de origen ruso.
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En ese sentido, “se conoció que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas”, detalló el ente investigador.
La Fiscalía señaló que, presuntamente, en las irregularidades habrían intervenido el exsecretario general Hugo Alejandro Mora Tamaño; el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el excomandante de la Brigada de Aviación Número 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
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Al parecer, los entonces funcionarios no adelantaron un proceso abierto y, por el contrario, recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato. Además, realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron los requisitos habilitantes y extendieron los plazos para la presentación de cotizaciones.
“Adicionalmente, son señalados de convocar reuniones de estructuración en busca de beneficiar al oferente, permitirle entregar información financiera y técnica no real, y modificar la forma de pago para girar USD 16 millones con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50% del valor total del contrato”, explicó la Fiscalía.
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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción radicó el escrito de acusación contra los seis procesados. Los señalados deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
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