![Edmundo del Castillo, exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.Gustavo Torrijos El Espectador.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/UW27JRUQVRBEBMNAUUDPPQARM4.jpg?auth=f5ad9faed90a45c24eda1816f59cc04c24db6a0a4c85d85487b0bc6893c4343f&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La Fiscalía General acusó formalmente al exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo y el exjefe de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir dentro del proceso que se les adelanta por presuntamente haber solicitado información privilegiada al DAS para adelantar un complot en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal octava delegada ante la Corte Suprema sostuvo que entre noviembre de 2007 y septiembre de 2008 los dos altos funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez adelantaron actividades ilícitas e ilegales para desprestigiar a los magistrados, principalmente los de la Sala de Casación Penal. En este sentido se advierte que dieron órdenes precisas al personal de organismo de seguridad para recolectar información selecta y reservada.
La primera acción se destinó a recolectar datos de un viaje que los magistrados hicieron en Neiva por invitación del empresario Ascensio Reyes. Los entonces funcionarios de Presidencia le pidieron al DAS la información sobre el vuelo charter de la empresa Satena, los hoteles en los que se hospedaron los magistrados y las actividades que hicieron en la capital del departamento del Huila.
Igualmente pidieron un informe financiero de los magistrados que viajaron, principalmente del presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete y el presidente de la Sala de Casación Penal, Yesid Ramírez Bastidas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Estos datos reservados le fueron entregados a los dos funcionarios del Gobierno, así como al entonces asesor presidencial, José Obdulio Gaviria y el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
En ese encuentro se manifestó la necesidad de encontrar información que relacionara al magistrado Ramírez Bastidas con Ascensio Reyes, quien presuntamente tenía relación con actividades ilegales, así como el empresario italiano Giorgio Sale, procesado en su país por hacer negocios con jefes paramilitares y narcotraficantes. Para esto se dieron órdenes expresas a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado y a la jefe de operaciones del organismo de seguridad, Martha Leal.
Esta operación fue conocida como “Paseo” y para la Fiscalía General tenía el objetivo de un plan para desprestigiar a la Corte Suprema. El génesis de la acción fue el proceso que se le abrió al senador Mario Uribe Escobar –primo del presidente Álvaro Uribe Vélez- por sus nexos con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En abril 2008 la Presidencia le entregó directamente una foto a la Unidad Investigativa de la Revista Semana. En la imagen aparecía presuntamente Ascencio Reyes en una fiesta con el magistrado Reyes. La información entregada fue la base del artículo “El mecenas de la justicia”, en la cual se indicaba los presuntos nexos de los magistrados con personas relacionadas con actividades ilegales.
Caso Tasmania
La segunda parte del plan consistió en buscar la declaración del exparamilitar Orlando Zapata, alias ‘Tasmania’ para acusar a los magistrados auxiliares Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo de haberlo presionado para que declarara en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez, al senador Mario Uribe Escobar y al empresario Ernesto Garcés de haber participado en un atentado contra el exjefe de las AUC, Jesús Durando, alias ‘René’.
En el documento presentado por el abogado Sergio Augusto González, abogado de ‘Tasmania’, se manifestaba que había recibido las presiones. Esta información fue utilizada por Cesar Mauricio Velásquez para publicar un comunicado de prensa en el que se informaba sobre los detalles del complot contra el jefe de Estado y el congresista.
Después de conocer estas declaraciones ‘Tasmania’ presentó una retractación, indicando que su abogado le ofreció beneficios a cambio de esta declaración. Entre los beneficios se encontraban el cambio de cárcel, la inclusión a Justicia y Paz y dinero en efectivo para sus familiares.
‘Job’
El tercer acto tuvo relación con la obtención de información que tenía relación con otro complot en contra del entonces presidente Uribe y su primo. Para esto se adelantó reunión en la Casa de Nariño en la cual participó el jefe paramilitar Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’ y el abogado Diego Álvarez Betancourt, procesado penalmente por estos hechos.
En el encuentro los partícipes acordaron “realizar grabaciones ocultas o clandestinas, supuestamente para construir y elaborar pruebas sobre ofrecimientos indebidos provenientes de la Corte Suprema de Justicia”. En este encuentro también participaron Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez.