El alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, fue acusado formalmente como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad material en documento privado. Junto con Gómez, también fueron acusados seis funcionarios más, dentro de los que se encuentran cuatro servidores públicos de la alcaldía de Popayán y tres particulares más.
Los hechos se remontan al 2016 cuando el alcalde habría incurrido en irregularidades durante el proceso de contratación para labores operativas y logísticas de la Semana Santa. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el contrato se suscribió entre la alcaldía y la fundación Tortuga Triste por un valor de $176.000.000. Sin embargo, el contrato habría sido ejecutado por un tercero, al tiempo que, según la Fiscalía, también se presentaron sobrecostos y falsificación de documentos para soportar la realización del mismo.
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Las autoridades señalaron que se habría realizado un contrato verbal con el representante legal de la fundación Fudexo, por $37 millones. Sin embargo, en los soportes de ejecución entregados por la fundación Tortuga Triste a la administración municipal de Popayán, se habría justificado un valor superior a los $70 millones.
La Fiscalía, acusó además del alcalde Gómez, a Bernardo Palomino, representante legal de Tortuga Triste; Adriana Peña, representante legal de Fundexo; Claudia Ximena García, alcaldesa encargada, Víctor Rodríguez Parra, asesor jurídico de la alcaldía; Claudia Lorena Cruz Astudillo, secretaria de cultura y a la particular Jovanna Satizábal
Por el mismo caso, el pasado 26 de julio, la Procuraduría suspendió por 11 meses al alcalde Gómez por los mismos hechos. De acuerdo con el Ministerio Público, Gómez Castro vulneró los principios de transparencia y responsabilidad en el mencionado convenio y no tuvo en cuenta que la fundación no tenía la capacidad para ejecutar el convenio, entre otras irregularidades.
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Por Redacción Judicial
