25 Apr 2022 - 9:20 p. m.

Fiscalía comunica imputación a excongresista Edwin Ballesteros

Al menos cinco contratos de la Empresa de Servicios Públicos de Santander habrían presentado irregularidades mientras Ballesteros fue su gerente. Además, testigos lo señalan de recibir beneficios de un entramado de corrupción supuestamente liderado por Richard Aguilar.
Antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros.
Antiguo representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros.
Foto: Tomada de Twitter: @CamaraColombia

La Fiscalía comunicó la imputación al excongresista por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, salpicado en un escándalo de corrupción en la contratación pública de Santander. De esta manera, y a la espera de la aprobación de un juez de Garantías, inicia formalmente un expediente penal en la justicia ordinaria en contra de Ballesteros. El pasado 8 de septiembre renunció a la Cámara, mientras era señalado de beneficiarse de un supuesto entramado de corrupción liderado por el también excongresista Richard Aguilar.

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Ante un juez de Bucaramanga, la Fiscalía comunicó la imputación a Ballesteros por los siguientes delitos: concierto para delinquir, cohecho (soborno), contrato sin cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación y concusión (aprovecharse de su cargo para manejo irregular de dineros). Según la imputación, en al menos 13 oportunidades Ballesteros habría violado el Código Penal, como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant).

“Las conductas están relacionadas con cinco contratos, suscritos entre 2014 y 2015, en los que habría tenido participación Edwin Ballesteros como gerente de Esant, y en los que la evidencia da cuenta de posibles anomalías en el trámite, celebración y ejecución”, explicó la Fiscalía. Una vez aterrizada la investigación de la Corte Suprema de Justicia, la cual tenía el caso antes de la renuncia, el ente investigador precisó los delitos por los cuales Ballesteros podría ir a juicio.

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La investigación en contra de Ballesteros proviene de una compulsa de copias durante el expediente penal que se adelanta contra el excongresista Richard Aguilar, capturado y en juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Esa alta corte se comprometió a probar que Aguilar, cuando fue gobernador de Santander (2012-2015), direccionó a dedo millonarios contratos y se quedó con coimas antes pactadas con los consorcios. Ballesteros habría participado de la supuesta red de corrupción y, además, presuntamente se benefició.

Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura de Santander entre (2012-2015), subalterna de Aguilar en la Gobernación, y su esposo Lenin Pardo, mencionaron a Ballesteros como presunto receptor de beneficios, en el momento en que supuestamente Aguilar direccionó los contratos. La pareja fue imputada en octubre de 2018, están bajo medida de aseguramiento domiciliario y desde entonces, para obtener beneficios judiciales, prometieron ventilar nombres y detalles del entramado de corrupción. Han recibido amenazas de muerte.

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La Corte alcanzó a señalar a Ballesteros por presuntas irregularidades contractuales, como en el millonario desembolso para el mantenimiento del alcantarillado en el sector El Casino, de Sucre (Santander). Además, una planta para agua potable en el municipio de Enciso, suscrito con la empresa “Unión Temporal Enciso Potable”. Aguilar y Ballesteros son colegas desde la década pasada, pues el exgobernador nombró al congresista como asesor de despacho en 2012. Ballesteros fue encargado varias veces como secretario de despacho en las secretarías de Planeación, Hacienda, Interior, Infraestructura, Comunicaciones y Educación.

En la orden de aseguramiento contra Aguilar, en 2021, Ballesteros y el ciudadano Octavio Reyes Sarmiento, representante de “Enciso Potable”, salen mencionados en la pesquisa relacionada con el contrato 0766 de 2015, para reforzar el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Las obras se realizaron, pero, según la Corte, detrás hubo toda una estrategia corrupta, confesada por nada más y nada menos que la entonces secretaria de Infraestructura, Claudia Toledo.

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Según explicó la Corte, tesis que podría reafirmar la Fiscalía, a finales de 2014, Aguilar ordenó a Claudia Toledo y a Julián Jaramillo, jefe de la Dirección de Infraestructura, abrir un proceso licitatorio para reforzar el estadio, pero con una condición: que la empresa ganadora supuestamente debía comprometerse a desembolsar “coimas” por el 10% del valor total del contrato. Para llevar a cabo el proceso, Toledo vinculó a su esposo Lenin Pardo, quien aseguró haber encontrado al abogado Octavio Reyes Sarmiento. El socio de Ballesteros en la Esant, donde el excongresista del uribismo se habría aprovechado de su condición para cometer al menos cinco delitos.

Cuando se conoció la apertura de instrucción y práctica de pruebas por parte de la Corte Suprema, Ballesteros explicó que no tiene nada de responsabilidad en el caso investigado y que probará su inocencia y honorabilidad. Cuando renunció a la Cámara, en medio de lágrimas, explicó que en la alta corte se le habrían violado sus derechos. “Haré todo lo posible en demostrar a los que pusieron su voto en que no se equivocaron, mi compromiso con ellos es inquebrantable. Seguiré trabajando por mi esposa, mis hijas, mi familia, por los santandereanos”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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