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Aunque la Jurisdicción Penal Militar ya abrió una instrucción para esclarecer la muerte del ingeniero y abogado Javier Ordóñez en medio de un procedimiento policivo, el caso también continúa su curso en la justicia ordinaria. Justo este 10 de septiembre el fiscal general Francisco Barbosa anunció que le delegó el caso a un fiscal de derechos humanos “por la gravedad de la afectación evidenciada y por competencia”. Además, Barbosa aseguró que el ente investigador avanza en la recopilación de pruebas que ayuden a identificar responsabilidades por la muerte de Ordóñez.
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El abogado Ordóñez, como es visto en un video que se ha vuelto viral, estaba desarmado y sometido en el suelo, pero los agentes de Policía continuaban propinándole descargas eléctricas con un taser, algo que terminó matándolo. Según Barbosa, desde su despacho se creó un equipo “de las más altas calidades forenses, investigativas y jurídicas para dar celeridad al proceso” y, a su vez, el CTI “realiza diferentes labores de policía judicial como recolección de videos y testimonios, entre otras, con el ánimo de esclarecer lo sucedido”.
“Los hechos en que murió ayer el señor Javier Ordóñez y que son materia de investigación por parte de la Fiscalía son absolutamente inadmisibles. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y reiteramos nuestro compromiso para esclarecer en los próximos días este caso. Esto no es un anuncio, es un hecho concreto”, aseguró Barbosa. Aquí puede escuchar toda su declaración:
Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció que fiscal especializado de Derechos Humanos asume investigación por muerte del ingeniero aeronáutico y estudiante de derecho, Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, luego de procedimiento policivo realizado en Bogotá. pic.twitter.com/xq3x0d1nym
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 10, 2020
Según dijo el director de Derechos Humanos de la Policía, Alejandro Castro, el pasado 9 de septiembre, “el juzgado 143 de instrucción penal militar ya abocó conocimiento del caso”. Es decir, en este momento avanzan en paralelo los procesos en la justicia ordinaria y la militar. Ahora bien, como ocurrió con el caso del joven Dilan Cruz, quien murió en medio de protestas por un arma “menos letal” del Escuadrón Antidisturbios (Esmad); lo que podría seguir es que la justicia militar pelee para quedarse con el expediente y que salga de la justicia ordinaria.
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De tomar ese camino, el juez instructor tendría que plantear un conflicto de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura que, dependiendo de las pruebas que se hayan recabado, decidirá si la muerte de Ordóñez fue un acto de servicio o si desbordó los deberes y funciones de los agentes de Policía. En el primer caso, el expediente continuaría en la jurisdicción militar; en el segundo, quedaría en la justicia ordinaria.
En su declaración, el fiscal Barbosa también se refirió a los desórdenes y la destrucción de bienes públicos que se presentaron en las protestas del pasado 9 de septiembre. “Rechazamos las acciones vandálicas que se dieron el día de ayer en el país. Estos hechos deplorables también son materia de investigación. La Fiscalía General de la Nación acompaña la institucionalidad y rechaza toda forma de violencia”, dijo el alto funcionario. De esas investigaciones, además, se desprende que algunos de los responsables podrían terminar judicializados.