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La Fiscalía envió a la Corte Suprema de Justicia todos los audios, y demás material probatorio, en el caso del cartel de la toga. El fiscal general (e), Fabio Espitia, lo informó este lunes desde el búnker de la Fiscalía, donde explicó que lo hizo por petición del alto tribunal en las indagaciones contra un congresista (se trataría del representante a la Cámara por Chocó Nilton Córdoba).
“Durante el tiempo que permanecieron a disposición de la Fiscalía (desde 2017), estuvieron asegurados bajo cadena de custodia y protegidos para no afectar el curso de las investigaciones, y solo fueron utilizados los fragmentos pertinentes, tal como ha sido señalado por la Jurisprudencia Nacional. En esta ocasión un magistrado de la Sala de Instrucción ha considerado pertinente que dentro de la indagación contra un congresista se incorporen todos los elementos, decisión que la Fiscalía se limita a acatar”, señaló el ente investigador en un comunicado.
(Lea aquí: El congresista Nilton Córdoba deberá rendir indagatoria ante Corte Suprema).
Sobre por qué no se dieron a conocer en el pasado la totalidad de estas pruebas, Espitia explicó que no era posible, pues se habían conseguido en el marco de una colaboración internacional con Estados Unidos. Como “los procesos federales allá ya se cerraron”, explicó Espitia, “el gobierno de EE.UU. nos ha manifestado que no hay ningún inconveniente”. Antes, precisó, “no teníamos autorización para dar a conocer esta (información), sin nuestra contraparte”.
También dijo el fiscal encargado que “hasta ahora nadie había solicitado la totalidad (…) aquí nos viene una disposición judicial (…) que nos hace acatar”. Pero este medio supo que en ocasiones pasadas, incluyendo en el caso de Nilton Córdoba —por el que la Fiscalía envió toda la información—, ya la Sala de Instrucción habría solicitado la totalidad de las pruebas. En cada una de esas veces, la Fiscalía lo habría negado, argumentando que el material estaba en cadena de custodia.
(También: El dilema del audio que originó escándalo del cartel de la toga).
Además, los audios de la DEA, incluyendo el de la conversación entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejadnro Lyons y de los que se presentaron algunos fragmentos, ya habrían sido solicitados por la defensa de los procesados. Desde que estalló el escándalo del cartel de la toga, en junio de 2017, el ahora exfiscal general Néstor Humberto Martínez había recalcado que divulgar la totalidad de los contenidos de ese audio de la DEA era delito federal en Estados Unidos.
En diciembre de 2018, la Fiscalía respondió a El Espectador sobre este tema de los audios que los audios no se fragmentaron, sino que se extrajo información de los cuatro discos compactos que recibió el ente investigador el 15 agosto de 2017 de parte de autoridades estadounidenses. Fue así como el fiscal del caso le envió a la Corte Suprema de Justicia 13 extractos pertinentes de las grabaciones. Además, que, en este caso, “no es posible descubrir la totalidad de los audios, por una parte, por las limitaciones legales al descubrimiento probatorio que impone la ley procesal colombiana, y de otra al acatamiento de las restricciones impuestas en la colaboración del Gobierno de los Estados Unidos”.
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Aun así, la Fiscalía expresó su preocupación por la información privada que hay en ese material. “El fiscal encargado puso de relieve el riesgo de filtración de la información hasta ahora reservada, en particular aquella que tiene que ver con la vida privada de las personas y la eventualmente impertinente para el caso concreto. El señor magistrado estuvo de acuerdo de implementar todas las medidas (…) más ahora que esta podría estar a disposición de los sujetos procesales”, señaló el ente investigador en el comunicado.
Por Redacción Judicial
