Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Fiscalía formalizó la acusación contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, señalada como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según la investigación, Ortiz habría transportado y entregado $3.000 millones, en octubre de 2023, a Iván Leonidas Name Vásquez, entonces presidente del Congreso, como parte de un esquema de pago de sobornos.
Lea: Caso Ungrd: Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, seguirá en prisión
De acuerdo con el material probatorio recopilado, los fondos habrían sido proporcionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Estos recursos presuntamente buscaban garantizar el respaldo legislativo para proyectos del Ejecutivo en el Congreso.
El caso, que ha salpicado a altos funcionarios del gobierno y al legislador mencionado, también involucra a María Clara Name Ramírez, hija del expresidente del Congreso. Las pesquisas indican que parte del dinero habría sido utilizado para financiar su campaña al Concejo de Bogotá, aunque tanto ella como su padre han negado categóricamente estas acusaciones.
La jueza 21 de Conocimiento de Bogotá confirmó este 24 de enero la detención de Sandra Ortiz en la Escuela de Carabineros de la Policía, citando la gravedad de los hechos y los riesgos asociados a su liberación. “Confirmar la decisión recurrida teniendo en cuenta que tal y como se analizó en la primera instancia, los elementos de prueba que trajo la Fiscalía permiten demostrar la inferencia razonable de la participación de Sandra Ortiz en el delito investigado”, señaló la jueza, al ratificar la decisión de primera instancia que había determinado su reclusión.
Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente una hora, se reiteraron los señalamientos sobre el rol de Ortiz Nova como intermediaria en el entramado corrupto. Según los testimonios de López y Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, el dinero fue entregado en efectivo como parte de un acuerdo que inicialmente contemplaba contratos por más de $60.000 millones, los cuales no llegaron a concretarse.
Además, se mencionó que otro pago de $1.000 millones habría sido destinado a Andrés Calle Aguas, presidente de la Cámara de Representantes en el momento de los hechos. Estas acusaciones son materia de investigación paralela por parte de la Corte Suprema de Justicia, que ha tomado declaraciones de los implicados para esclarecer lo sucedido.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
