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La Fiscalía solicitó una audiencia de imputación contra el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación Luis Edmundo Suárez Soto y el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa Herbert Arnulfo Buitrago Galán, así como los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.
Estas cuatro personas son señaladas de participar en presuntas irregularidades en el contrato para el mantenimiento de helicópteros del Ejército, MI-17. En los próximos días, una vez se realice el reparto aleatorio, se definirá el juzgado que asumirá el proceso y la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de imputación.
De acuerdo con la investigación, entre septiembre y diciembre de 2024 los funcionarios habrían participado en un esquema que permitió direccionar de manera irregular un contrato cercano a los USD 32 millones, destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos.
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El caso está a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien imputará a los funcionatios, según su presunta responsabilidad, delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
En enero de este año, el Estado recuperó más de USD 20 millones debido al incumplimiento del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército. Sin embargo, aunque el Ministerio de Defensa logró recuperar la totalidad de los recursos, el problema técnico y operativo que originó el contrato fallido aún persiste, generando incertidumbre sobre la disponibilidad de una de las capacidades aéreas más críticas de la institución.
Según Giovanni Arturo González Zapata, secretario general (e) de la cartera de Defensa, los recursos devueltos no se destinan directamente a la Aviación del Ejército ni a nuevos contratos de mantenimiento, sino que ingresan al Tesoro Nacional, según las normas fiscales, lo que impide su uso inmediato para la flota.
El incumplimiento afectó de manera directa la disponibilidad, sostenimiento y seguridad operacional de los MI-17. La interrupción del mantenimiento completo, junto con la falta de repuestos críticos, impidió ejecutar operaciones y cumplir con los programas establecidos, “incrementando el riesgo técnico, afectando la continuidad del sostenimiento logístico y limitando la disponibilidad sostenida de la flota”, declaró González a El Espectador.
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El impacto se reflejó en 11 aeronaves. Tres helicópteros vinculados directamente al contrato quedaron fuera de operación al no recibir el mantenimiento requerido y alcanzar sus límites técnicos. Otras ocho unidades vieron reducida su disponibilidad operativa por la escasez de repuestos, afectando la capacidad de respuesta aérea en distintas regiones del país. Hasta que el Gobierno logre contratar un nuevo proveedor, el Ejército deberá mantener limitadas las operaciones de estas aeronaves.
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