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La Fiscalía anunció detalles de la nueva imputación que se produjo en contra de un exdirectivo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), un contratista y un interventor por presuntas irregularidades en la construcción de la represa Hidroituango, en Antioquia. Según el ente investigador existen pruebas suficientes para demostrar que los exfuncionarios incurrieron en los presuntos delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación.
Entre los imputados -que no aceptaron cargos- se encuentran el exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM, Jorge Ignacio Castaño Giraldo; el representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, Santiago García Cadavid; y el representante legal y gerente de la interventoría del proyecto, Álvaro Aravi Castro Vásquez.
De acuerdo con los hallazgos del ente investigador, los delitos se habrían generado por cuenta de la decisión de implementar el Sistema Auxiliar de Desviación de la represa, la cual se construyó, dice la Fiscalía, para desviar el río Cauca. Así mismo, la entidad encontró que la puesta en marcha de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) fue concretada con la suscripción de actas de modificación bilateral a los contratos de obra principales y de interventoría.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía precisó que esto hechos representaron “la disposición de recursos del erario, en tanto fueron apropiados por EPM en favor de los contratistas, a través de la celebración de las actas modificatorias para la ejecución de obras no licenciadas y efectivamente pagadas, por un valor superior a $339.107 millones”.
El contratista de obras principales, el Consorcio CCC Ituango, representado por Santiago García Cadavid; junto con la interventora, Consorcio Ingetec - Sedic, en cabeza de Álvaro Aravi Castro Vásquez, señala la Fiscalía, al parecer impusieron a la generadora eléctrica un funcionamiento que no estaba previsto y acorado en el diseño original, lo que generó afectaciones al medio ambiente y recursos naturales, así como a la zona de influencia del proyecto y a las cuencas baja y media del río Cauca.
De igual manera, durante las investigaciones, la Fiscalía estableció que las obras se realizaron sin cumplir con las normas ambientales ya conocidas, “pues no se obtuvo modificación de la licencia ambiental y se avanzó en los trabajos sin el estudio de impacto. Se adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales”.
Esa falta de gestión, señala la imputación, causó que la ejecución de las obras causaran graves afectaciones a los ecosistemas y daños irreparables al suelo, a recursos hídricos, la fauna y flora de la región. “Ante estas precarias condiciones ambientales, los pescadores, agricultores, mineros artesanales y demás pobladores residentes en el cañón del río Cauca vieron afectada su subsistencia económica y alimentaria y su seguridad”, concluyó el ente investigador.
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