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Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos le pidió a la delegada de la Corte Suprema de Justicia que investigue la participación de un grupo de oficiales del Ejército Nacional y exgobernadores del departamento de Meta por los hechos que rodearon la denominada masacre de Caño Jabón, registrada en el caserío de Puerto Álvira, municipio de Mapiripán, el 4 de mayo de 1998 y en la cual fueron ultimadas 18 personas.
El ente investigador busca establecer la participación y el comportamiento omisivo de los generales en retiro, Jaime Humberto Uscátegui (quien ya fue condenado por la masacre de Mapiripán) y Freddy Padilla de León (entonces comandante de la VII Brigada del Ejército).
Igualmente se pidió la investigación del excomandante del Ejército, general (r) Mario Hugo Gaitán; el exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rosso José Serrano; y el excomandnate de la IV División del Ejército, general (r) Agustín Ardila Uribe, general por presuntamente no atender los llamados de la población.
Además de los exgobernadores del Meta, Alfonso Ortiz Bautista Durán y Edmundo Alan Jara Usola (quien actualmente es el mandatario departamental) por el conocimiento que habrían tenido sobre estos hechos.
En la investigación, conocida por ElEspectador se indica que en repetidas oportunidades los pobladores del caserío de Puerto Álvira pidieron presencia de la Fuerza Pública en el sector debido a los constantes ataques de los que eran víctimas por parte de grupos armados ilegales que se luchaban el control territorial.
Los pobladores le enviaron el 7 de octubre de 1997 la Defensoría del Pueblo manifestando que se sentían amenazados por parte de los actores del conflicto armado. Ante esto, el organismo le presentó estas preocupaciones al Ministerio de Defensa, al comandante de la IV División del Ejército.
Sin embargo, esta petición no recibió la atención requerida, hecho por el cual el nueve de enero de 1998 le enviaron una nueva misiva a las autoridades con el fin de que se les aumentara las medidas de protección y seguridad en la zona puesto que existía la amenaza de un ataque contra la población. Esta solicitud tampoco fue atendida.
Ocho días después la Defensoría del Pueblo nuevamente le envío un oficio al comandante del Batallón de Infantería y a la Séptima Brigada con el fin de iniciar las labores de inteligencia con el fin de certificar la existencia de un plan para atacar a los pobladores de ese caserío. Pero todas estas peticiones cayeron en oídos sordos
En la madrugada del 4 de mayo de 1998, cerca de 200 paramilitares llegaron al caserío, saquearon y quemaron los comercios de esa población, sacaran de su casa a los pobladores y los reunieran en la plaza principal para escoger a por lo menos 20 de ellos y matarlos. Los torturaron, desmembraron y les prendieron fuego a sus restos. Por ello el Consejo de Estado condenó a la Nación.
Por estos hechos la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército Nacional por las omisiones que se presentaron para proteger a los pobladores.