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Tras 40 años del holocausto en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, la Fiscalía primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión significativa y llamó a juicio a nueve exmilitares implicados en los casos de torturas.
Según se lee en el documento fechado el pasado 24 de noviembre, entre los acusados están los uniformados Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, Rafael Hernández López, Iván Ramírez Quintero, Justo Eliseo Peña Sánchez y Siervo Antonio Buitrago Téllez.
La Fiscalía detalló que serán acusados como coautores impropios del delito de Tortura por los actos de tortura física, moral y psicológica a los que fueron sometidos Yolanda Ernestina Santodomingo, Eduardo Arturo Matson, José Vicente Rubiano, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña, Héctor Dario Correa Tamayo y Magalys Arévalo Mejía.
El ente acusador resaltó “la importancia de los documentos del Ejército que se han recopilado en la actuación (Plan Tricolor 83 y manuales) y cómo la aplicación de lo que en ellos se disponía implicó la vulneración de los mínimos derechos humanos e incidió en los procesados para acometer las torturas”.
Según explicó el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que ha representado a las víctimas en el proceso, el Plan Tricolor 83 es un documento operativo militar que permitió analizar la cadena de mando y las directrices que, según la Fiscalía y la parte civil, llevaron a la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El Plan fue activado por altos mandos como Ministro de Defensa, Comandante de las Fuerzas Militares y la Brigada XII.
La Fiscalía también resaltó que se evidenció con la prueba recaudada la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), la coordinación de las unidades, el mando de Arias Cabrales y el liderazgo de Sánchez Rubiano, relevando sobre ellas, el Informe de Policía Judicial de 26 de septiembre de 2016. Consideró que con base en la prueba está demostrada la ocurrencia de las torturas y también la responsabilidad de los involucrados.
“Esta decisión es muy importante porque es un paso más para derrotar la impunidad, ya que algunos de estos criminales habían sido condenados por la desaparición de ciertos empleados de cafetería y visitantes ocasionales, pero no por el universo de torturados”, explicó a El Espectador el abogado Rafael Barrios Mendivil, cofundador de Cajar y representante de víctimas en el ámbito nacional e internacional.
Ramírez Quintero y Blanco Gómez ya fueron condenados por otro crimen en medio de la toma y retoma del Palacio de Justicia. En junio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó, en segunda instancia, por la desaparición forzada Irma Franco, integrante del M-19. Los magistrados de esa corporación señalaron que la respuesta del Estado fue desmedida y que la identificación de los restos estuvo plagada de errores que podían poner en duda la existencia de desaparecidos.
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