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En la mañana de este 30 de junio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 47 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de una red delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y blanquear capitales. Se trata de activos, avaluados preliminarmente, en COP 29.106 millones.
En concreto, se trata de ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones que, presuntamente, estaban al servicio de la organización para transportar de forma irregular a extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta Centroamérica.
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La Fiscalía también señaló que parte de las propiedades habría sido adquirida para ocultar y evitar el rastreo de los recursos obtenidos por el traslado irregular de, al menos, 800.000 ciudadanos provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.
Los nueve integrantes de esta red delincuencial fueron capturados el pasado 16 de junio. La investigación apunta a que esta red de tráfico de migrantes usaba las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) para transportar a los migrantes hacia países de Centroamérica.
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Según el ente investigador, estas personas tenían el rol de ayudar a lavar el dinero producto de ese tráfico de migrantes a través de transacciones en efectivo, la creación de empresas fachada de transporte marítimo y fluvial, la compra de bienes muebles e inmuebles y pequeñas transferencias de dinero bajo la modalidad de “pitufeo”.
Las capturas ocurrieron en Necoclí, Apartadó y Medellín (Antioquia), en una operación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dijín de la Policía, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
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