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En un nuevo pulso en el caso contra Álvaro Uribe, la Fiscalía le dio un espaldarazo a la defensa del expresidente. En un concepto enviado al Tribunal de Bogotá, Gabriel Jaimes, el fiscal que lleva el proceso, pidió acceder a lo que piden los abogados de Uribe en una tutela: que se tumbe una decisión judicial de noviembre que equiparó la indagatoria que rindió el exsenador en la Corte Suprema a una imputación de cargos, para que, en su lugar, se declare que la judicialización del líder natural del Centro Democrático debe volver a ceros.
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En la intervención que Jaimes envió al magistrado del Tribunal de Bogotá que estudia la tutela, escribió: “la indagatoria realizada dentro del presente asunto a Álvaro Uribe Vélez no puede y debe asimilarse a la audiencia de formulación de imputación y a adoptar en ejercicio de las competencias constitucionales y legales, la posición de estimar la inexistencia de una adecuada vinculación jurídica al proceso penal, con el fin de evitar, en el futuro, entre otras cosas, una segura nulidad que frustraría la justicia material anhelada por todas las partes e intervinientes”.
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La tutela la interpuso el abogado de Uribe, Jaime Granados, pues a su juicio, el juez cuarto penal de Bogotá “carecía de competencia” para equiparar las diligencias. El meollo del asunto es que, luego de que Uribe renunciara al Senado posterior a que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenara su detención, se creó un escenario sin precedentes y su caso pasó del sistema que juzga a los congresistas (Ley 600 de 2000) al sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004). “La Fiscalía no debe formular la imputación, esta etapa ya está superada, por tanto, deberá emitir si presenta acusación o desiste de continuar investigando”, concluyó el juez el pasado 6 de noviembre.
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El caso llegó al despacho del juez cuarto, luego de que las víctimas del caso (el senador Iván Cepeda, y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo) apelaran una decisión de la jueza 30 de garantías de dejar en libertad a Uribe y devolver el caso a la fase de imputación. Sin embargo, para Granados, ninguno de los jueces tenía competencia para definir el estadio procesal a partir del cual debía continuarse la actuación, pues, “ninguno cumple un rol funcional en la estructura del proceso penal, como sí lo tiene el Fiscal General de la Nación”.
Ahora, en un documento de ocho páginas, la Fiscalía se sumó al pedido la defensa de Uribe. Según los argumentos del fiscal Jaimes, la imputación es el eje medular del proceso penal en Colombia y su composición es tan distinta a la de la indagatoria, que asimilarlas afecta gravemente el derecho a la defensa y al debido proceso de Uribe. “Es necesario subsanar tal situación con prontitud, por ello expresamente solicitamos acceder a los términos de la acción de tutela presentada (por la defensa de Uribe), pues de lo contrario se estaría no solo persistiendo en el desconocimiento de reglas constitucionales y legales, en el agravio de derechos y garantías fundamentales, sino arrojando de manera forzada al ente acusador a una fase procesal de juicio con las advertidas falencias”, agrega el documento.
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Según la defensa del senador Cepeda, la tutela no sería el mecanismo idóneo para tramitar lo que está pidiendo el expresidente, pues puede pedir nulidades dentro del proceso penal; tampoco hay un perjuicio irremediable que amerite acudir a este recurso; y la defensa del expresidente desechó otras oportunidades para defenderse. Además, alegan que tampoco existieron las fallas que señala la defensa del exsenador expresidente y, sostienen que fue Uribe quien, “originó toda la crisis procesal” que ha hecho de este caso un enredo jurídico sin precedentes.