Este jueves la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la presunta participación del senador Musa Besaile y el representante a la cámara Eduardo José Tous de la Ossa por su presunta participación en la adjudicación de contratos desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a personas que presuntamente tenían relación con congresistas.
De acuerdo con las investigaciones, las irregularidades se centraron en el proceso de adjudicación de la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en la Fase II del programa de vivienda gratuita, la cual inicio el 2 de marzo de 2017. Al ser un proceso privado, el director de la entidad podía invitar a las empresas que considerara pertinentes para realizar este proceso.
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Una de las compañías en presentarse a la licitación fue Consorcio Interviviendas, conformada por Marcela Sofía Alies Fuentes, representante legal de Tecnologías y Consultorías Amientales y de Gestión S.A.S; Juan Felipe Morales Tabares, de ISOAM S.A.S y Amaury Segundo García De La Espriella, de Grupo Orión.
“Según los elementos materiales probatorios recaudados, este consorcio fue contactado por Richard Kamal Náder Ordosgoitia y por Ronald Ruiz de León, quienes habrían fungido como personas vinculadas al senador Musa Besaile para la adjudicación de este contrato. Ellos habrían advertido a los miembros del consorcio que debían cancelar el 25% del valor total a ‘los senadores’ y el “10% para el director de la Torre Negra”, que se presume corresponde a un funcionario de alto rango de Fonade”, señaló la Fiscalía.
Para la adjudicación del contrato, falsificaron documentos que certificaban la idoneidad de la empresa para tal proyecto y pagaron $200 millones a la representante legal de Tecniconsultas para acreditar la experiencia exigida. Náder Ordosgoitia, quien tendría la capacidad de intervenir en el proceso a través de dos funcionarios de Fonade habría tenido información privilegiada acerca de cuáles eran las fallas en los documentos radicados por Tecniconsultas, debido a que no cumplían con ninguno de los requisitos solicitados.
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“Para garantizar que la propuesta quedara en manos del Consorcio Interviviendas, los miembros de éste habrían contactado a TTU, el otro proponente, y habrían acordado el pago de $200 millones para que presentaran una propuesta inviable, de manera que resultara perdedora”, aseguró el ente acusador.
Aunque este proceso se iba a declarar fallido en abril de 2017, varias intervenciones por parte de funcionarios de Fonade, a quienes se les habría ofrecido una coima si se obtenía un concepto favorable al proceso, sumada las mediaciones del representante a la cámara Eduardo José Tous hicieron que el concepto saliera favorable el 25 de abril de 2017.