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La Fiscalía General le solicitó al juez 14 de conocimiento dictar fallo condenatorio contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas en el proceso que se le adelanta por su participación en los hechos que rodearon las irregularidades en el proceso de licitación del contrato para el servicio de ambulancias del Distrito en el año 2007, y el cual tuvo un valor superior a los 69 mil millones de pesos.
En su intervención, la fiscal delegada ante la Corte Suprema indicó que en el desarrollo del juicio se recibieron testimonios que permiten inferir la presión que habría ejercido el entonces mandatario distrital para que dicho contrato le fuera entregado a una empresa el contratista Emilio Tapia Aldana, pese a que no cumplía con los requisitos exigidos para participar en la lictiación.
La delegada del ente investigador citó los testimonios entregados por el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano -condenado a 13 años de prisión- el exconcejal, Hipólito Moreno -condenado a seis años y medio de prisión- y el contratista Emilio Tapia -condenado a 17 años de prisión- quienes señalaron la forma en cómo se entregaron comisiones para garantizar la entrega del millonario contrato.
En este sentido argumentó que debido a su formación académica y el cargo que tenía en el momento de los hechos representan un agravante puesto que sabía que con su conducta estaba incurriendo en un delito que afectaría la calidad de vida de las personas y el patrimonio del Distrito.
Señaló además que conocía de primera mano las acciones que se adelantaron para que la empresa de Tapia Aldana resultara beneficiada, hecho por el cual se concertaron el pago de comisiones a los concejales para que no adelantaran el control político al citado contrato.
En su testimonio, Zambrano aseguró que entregó el pago de las citadas comisiones a los funcionarios que participaron en estas actividades, todo bajo el conocimiento del alcalde Mayor de Bogotá. Debido a esto se pidió que sea sentenciado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Mientras que en su intervención el representante de la Procuraduría General le solicitó al juez de conocimiento que emita fallo condenatorio en contra del exmandatario al considerar que eixsten pruebas suficientes para determinar su responsabilidad penal en este acto de corrupción administrativa.