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Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se le hizo un fuerte llamado a la Fiscalía General de la Nación y al fiscal Francisco Barbosa por acciones y declaraciones de la institución y jefe del ente acusador que, según la organización, resultan intimidatorias y censuradoras al ejercicio periodístico.
“Resulta necesario y urgente expresarle nuestra más alta preocupación frente al ambiente de intimidación y autocensura contra la prensa que se origina en directivas y actuaciones de la entidad, que también encuentran respaldo en sus manifestaciones públicas”, le escribe Jonatan Bock, director de la FLIP, antes de enumerar los comportamientos del ente acusador que van en detrimento del rol del periodismo en la democracia.
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En principio, Bock empezó resaltando el incumplimiento del fiscal en su promesa adquirida en octubre de 2020 de crear una directiva para la garantía de la libertad de prensa dentro de las actuaciones de la institución. “La ausencia de dicha directriz replica los riesgos contra la libertad de prensa que resaltamos en ese entonces. Por ejemplo, la reciente orden de inspección de la Fiscalía a los archivos del noticiero Noticias Uno es una acción intimidatoria que pone en riesgo a las fuentes y los trabajadores de este medio de comunicación”, recalcó el director de la FLIP.
Sobre este mismo punto siguió diciendo que este comportamiento no solo se evidencia en las acciones de la Fiscalía, sino en declaraciones de Barbosa contra Noticias Uno, cuando el funcionario señaló al medio “de utilizar el derecho a insultar permanente contra la entidad, el fiscal y los funcionarios de la Fiscalía”, según recogió Semana.
O la otra frase de Barbosa en la que manifiesta que “cada día que hay críticas contra la Fiscalía General de la Nación hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado”. Bock apuntó: “Resulta de extrema gravedad que en un país con altísimos índices de impunidad de crímenes contra la prensa y uno de los más violentos contra ella, la cabeza del ente investigador presuma la mala fe de los medios y su posible relacionamiento con la criminalidad. Esta situación deja en duda la capacidad de imparcialidad de los fiscales en las investigaciones y pone a la prensa en una situación de mayor vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos por su labor”.
En segundo lugar, la carta de la FLIP critica una circular que limita la comunicación de organizaciones no gubernamentales con la institución a través del canal de la Dirección de Asuntos Internacionales. “Esta directriz institucionaliza una práctica adversa al acceso a la información que impide que las organizaciones civiles puedan realizar la veeduría sobre el avance -o falta de él- en proceso penales de alto interés público”, señaló como efecto de dicho documento Jonathan Bock.
Entre las organizaciones que se han visto afectadas por dicha decisión están Human Rights Watch, a la que se le prohibió reunirse con fiscales regionales, de acuerdo con la alerta de la FLIP. “Los límites del derecho al acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico solo pueden ser establecidos por el constituyente o por el legislador”, se explica en la carta.
Expuestas estas situaciones, la FLIP le pidió al fiscal reorientar su política con relación a la prensa, solicitando un pronunciamiento de la institución “que promueva un clima óptimo para el desarrollo de la labor periodística”. En otras palabras, la organización pide imparcialidad en las declaraciones del fiscal que se vean reflejadas en las investigaciones sobre denuncias contra la prensa.
También Bock le pide a Barbosa cumplir la promesa de octubre de 2020 de expedir directrices que den luces y guías a los funcionarios de la Fiscalía para que protejan y garanticen el ejercicio periodístico.
Por último, la FLIP pide que la Fiscalía explique “el alcance de la instrucción de la Dirección de Asuntos Internacionales, de manera que las precisiones permitan consolidar una visión única en la entidad sobre el compromiso con la transparencia y se adopten medidas necesidad para que la entidad cumpla con el artículo 23 (derecho a presentar peticiones a las autoridades) de la Constitución sin discriminación”.
Para más contexto: Fiscalía inspeccionará archivo de Noticias Uno por informe de 2013.
El pasado 8 de diciembre, Noticias Uno alertó a sus televidentes que la Fiscalía busca inspeccionar su archivo periodístico para obtener audios y videos relacionados a la transmisión del 19 de octubre de 2013, cuando el noticiero publicó apartes de un acta de la junta directiva de la Empresa de Acueducto de Bogotá en la que se abordó la crisis de recolección de basuras que se vivió en la administración de Gustavo Petro.
Según Noticias Uno, había un déficit de $17.000 millones en la administración distrital. Debido a esta información, se le abrió una noticia criminal al noticiero por delito revelación de secreto. Para Noticias Uno esto se trata de una toma y un allanamiento contra un medio de comunicación.