A dos meses de finalizar el gobierno Petro, los balances de su gestión ya empiezan a estar al orden del día. En temas de paz, el panorama ha estado ya bien diagnosticado. Aumento de hombres en filas de grupos criminales, de combates entre ellos mismos y la fuerza pública y el uso cada vez más recurrente de drones para atentar contra la población civil. Todo, en el marco de la política de paz total que buscó implementar el Ejecutivo para promover las negociaciones de paz con la mayor cantidad de estructuras ilegalmente armadas, sin importar sus intereses criminales y sin una estrategia clara para llevarlos o a una dejación de armas o a un sometimiento con la justicia.
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Hasta ahí, nada que ya no fuera evidente. Sin embargo, un reciente informe del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes, además de contribuir al diagnóstico de la paz total, presenta datos claves sobre los resultados de esta política. Con una tesis clara, el informe “¿Paz Total? Cómo los ceses al fuego pueden resultar contraproducentes”, los investigadores señalaron que la estrategia del Ejecutivo no logró reducir la violencia, sino por el contrario, los grupos armados ilegales intensificaron su gobernanza ante la poca presión militar.
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Partiendo de la premisa de que los ceses al fuego suelen diseñarse para reducir la violencia y facilitar las negociaciones de paz, la investigación arrojó que el mal diseño de este tipo de estrategias resultaron contraproducentes. La política de paz de Petro consistió precisamente en activar múltiples ceses simultáneamente con distintos grupos criminales. Para los investigadores, esto generó, de entrada, una ruptura frente a las respuestas de militarización de los gobiernos anteriores. El análisis se centró en la violencia cometida por las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, partiendo de eventos como homicidios, masacres, secuestros, desplazamiento y reclutamiento forzados y extorsión.
En ese contexto, el informe resaltó un hallazgo fundamental: las formas de violencia más visibles, como los homicidios y las masacres, ni disminuyeron ni aumentaron. Sin embargo, las formas de violencia menos visibles se dispararon. Los investigadores analizaron datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para llegar a las siguientes conclusiones: la extorsión aumentó un 337 %; las amenazas a las comunidades crecieron un 70 % y el reclutamiento forzado de menores de edad aumentó un 168 %. A ese panorama se le suma un factor clave: la gobernanza criminal que creció un 32 %. Esa variable fue medida teniendo en cuenta reportes de retenes ilegales, confinamiento y desplazamiento forzado.
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“Este patrón sugiere que, en ausencia de protocolos claros y mecanismos de verificación creíbles, los grupos armados explotaron el cese al fuego para consolidar el control territorial mediante coerción menos visible, sustituyendo las formas de violencia más visibles —que podían atraer escrutinio y poner en riesgo las negociaciones— por formas de depredación menos detectables”, se lee en el informe de la Universidad de los Andes. En eso coincide Gerson Arias, analista e investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien señaló por lo menos tres falencias en el diseño de la paz total, y por ende, de los ceses al fuego que se implementaron en los territorios del país.
“Una primera falencia es que fueron ceses al fuego prematuros, sin tener clara una caracterización de los grupos y su modo de actuar. También fueron ceses sin condiciones, como cesar el reclutamiento o la expansión de los grupos. Además se activaron sin tener capacidades para crear y estructurar mecanismos de verificación eficientes”, explicó Arias a este diario. Y agregó que esos desaciertos se tradujeron en mayor control y expansión de los grupos armados. “En efecto, dieron ventajas militares y estratégicas a los grupos armados sin ningún tipo de condicionamientos. Esto, junto a una estrategia de seguridad débil y otros factores, explican en parte la gobernanza criminal”, puntualizó.
Siguiendo la línea del investigador de la FIP, el documento también detalla por lo menos otras dos falencias: la falta de claridad en los decretos y el afianzamiento de los grupos criminales a través de las violencias menos visibles. “Los decretos carecían de reglas o protocolos explícitos, lo que abrió la puerta a interpretaciones contradictorias y limitó el cumplimiento. En muchas regiones, las fuerzas de seguridad del Estado tuvieron dificultades para entender qué operaciones ofensivas debían pausar y cuáles continuar, y las poblaciones locales recibieron información insuficiente sobre sus derechos y protecciones. Los grupos criminales persiguieron ganancias estratégicas capitalizando la ausencia de presión militar”.
Para Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, el principal problema de los ceses al fuego fue la falta de la metodología y de articulación. “Se supone que un cese al fuego es un momento previo a una dejación de armas y tránsito a la vida civil cuando ya hay un acuerdo mínimo o más sustanciales en un desenlace de un proceso de paz. Hubo un problema principal y es que el gobierno cedió gran parte de lo que podía ceder, que en el caso del cese al fuego es el uso de la fuerza armada, las órdenes de captura, los bombardeos y lo hizo a cambio de nada”, señaló.
Y agregó: “Aunque es normal que el Estado ceda y haga concesiones, las hizo a cambio de absolutamente nada, cuando no había un proceso estructurado y las hizo de una manera temprana y desarticulada. Eso le quitó la capacidad y la legitimidad”.
Además, el informe detalló que el cese al fuego redujo el enfrentamiento directo y la letalidad del Estado contra los grupos armados. “Los enfrentamientos entre las fuerzas militares y los grupos criminales disminuyeron un 73%, y los combatientes no estatales muertos cayeron un 46%”, señala el documento. Para Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (Core), eso se puede entender, de cierta manera, a raíz de los tipos de ceses al fuego que se pactaron en la política de paz total. “La Fuerza Pública no podía actuar contra los grupos, pero algunas estructuras armadas no tenían una restricción formal porque algunos ceses al fuego fueron unilaterales y también muy improvisados”, señaló.
Si bien para el investigador de Core en el país hay poco entendimiento sobre los ceses al fuego, qué son y para qué funcionan, según detalló el informe, esta medida cubrió el 39 % de los municipios colombianos, el 65 % del territorio del país y aproximadamente el 29 % de su población, una escala que hace que los resultados de la política sean determinantes para todo el país. La falta de mecanismos claros de monitoreo, el aprovechamiento de la poca presión militar, y la ausencia de caracterización de los grupos armados y las bandas criminales derivó en serias repercusiones para las comunidades que hoy por hoy enfrentan los coletazos de una gobernanza criminal instalada en sus territorios.
Las conclusiones del informe de los Andes coinciden con una revelación de Noticias Caracol sobre presuntos acuerdos entre el excomisionado de paz, Danilo Rueda, y jefes del Clan del Golfo, a cambio de que se sentaran en una mesa de diálogo con el gobierno Petro. Con este grupo narcotraficante, el Ejecutivo pactó un cese al fuego en diciembre de 2022 y se extendió hasta marzo del año siguiente. En ese contexto es que Rueda les habría ofrecido frenar bombardeos, desescalar operaciones de la fuerza pública y retirar capacidades de inteligencia. Hoy, ese grupo, según cifras de la FIP, creció en un 30 %. Así, la estrategia de la paz total de Petro y sus consecuencias serán el principal reto del próximo gobierno.
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Por Paulina Mesa Loaiza
