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El último anuncio de la Fiscalía sobre el resonado caso Odebrecht incluía, entre varios datos, uno solo relacionado con Gabriel García Morales. Algo puntual: “El 28 de febrero de 2019 un juez especializado de extinción de dominio dictó sentencia para la afectación definitiva de acciones por valor de 2 millones de dólares de la sociedad Pacific Infrastructure Venture Inc. (PINF), que aparecen a nombre de Oil & Gas Logistics, en relación con el proceso que se adelanta contra el exviceministro de Transporte”.
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Con esa decisión judicial, García Morales oficialmente perdió todo de lo que consiguió con el soborno que le pagó Odebrecht en 2010. Era una suma larga, hasta tentadora: US$6,5 millones. Para esa época, unos $11.700 millones, sin más esfuerzo que dirigir la licitación de la Ruta del Sol 2, uno de los proyectos viales más importantes que se adjudicaron en el gobierno Uribe. De ese dinero, a García Morales solo le queda una cosa: una pena de 5 años en prisión por cohecho e interés indebido en celebración de contratos.
Lo primero que García Morales perdió fue su libertad y, de paso, su reputación. Fue el primer capturado por este escándalo que lleva dos años sacudiendo las fibras más sensibles de la justicia y la política latinoamericana, al punto que el expresidente peruano Alan García se suicidó en la Semana Santa de este año antes de que lo detuvieran. En diciembre de 2016, Estados Unidos reveló el acuerdo al que había llegado con la multinacional brasilera. Un mes después, García era el primero en caer en desgracia en Colombia.
Se supo, porque él mismo lo admitió, que cuando le delegaron temporalmente la dirección del Instituto de Concesiones (Inco, hoy ANI), directivos de Odebrecht empezaron a buscarlo y él se dejó encontrar. Luiz Bueno Júnior, quien fue enviado a Colombia como presidente de la compañía en 2009, le contó a la justicia que conoció a García Morales en una reunión del Ministerio de Transporte y que, en cuestión de meses, empezó a reunirse con el clandestinamente.
Las reuniones se daban en un apartamento cerca del Parque de la 93 en Bogotá que el exviceministro designó como punto de encuentro para los dos. No había nadie más, le dijo Bueno a la justicia colombiana, con un dato extra: sí había alguien que tenía conocimiento y ese alguien era José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, cuya empresa Episol se asoció con Odebrecht y con CSS Constructores para conformar la concesionaria Ruta del Sol. Esa fue la sociedad que se ganó el contrato de la Ruta del Sol 2, con sobornos.
En abril de este año, Melo fue condenado a 11 años y 9 meses de prisión porque, determinó un juez de la República, él no solo sabía de los sobornos que se estaban pagando para conseguir el contrato de la Ruta del Sol 2, sino que los autorizó –cosa que Melo ha negado tajantemente–. Su caso está en manos del Tribunal Superior de Bogotá pero, en primera instancia, el juez señaló: “Es un hecho demostrado que Melo conocía de los pagos y permitió que se realizaran”.
Para que el dinero del soborno llegara a Gabriel García Morales, los brasileros usaron un viejo y conocido esquema: triangularon el dinero. Lo hicieron, en esta ocasión, con dos amigos de la infancia del exfuncionario, Eduardo y Enrique Ghisays, empresarios cartageneros que, al parecer, estaban en bancarrota cuando la propuesta de García Morales cayó sobre su regazo. Para “blanquear” el dinero, en enero de 2010, crearon en Panamá una sociedad de papel llamada Lurion Trading.
A la larga, ese fue un mal negocio para García Morales. La justicia detectó que, de los US$6,5 millones, Enrique Ghisays le hizo “retén” a casi la mitad: US$1 millón lo metió en acciones de bolsa –y lo perdió entero–, $1,3 millones los usó para “gastos varios” y a la fecha no se sabe en qué consistieron, y cobró una comisión de US$750.000 dólares por “lavar” este dinero cuyo origen era el fomento de la corrupción desde el sector privado. En un santiamén, el soborno se había reducido sustancialmente.
Parte del dinero restante fue a parar, sostiene la Fiscalía, en propiedades en Cartagena, a nombre familiares de los Ghisays y de García Morales. Esos también se perdieron. En marzo de 2017, la Fiscalía anunció su incautación. Si prueba al juez del caso que los bienes se adquirieron con el dinero de Odebrecht, sus dueños los perderán para siempre. Si se tiene en cuenta que los tres implicados ya tienen condenas en su contra, lo más probable es que esos inmuebles no regresen a su poder.
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Por último estaban los US$2 millones que García Morales trató de ocultar en acciones de Pacific Infrastructure, una filial de Pacific Rubiales que está construyendo el Puerto Bahía en Cartagena junto con tres socios más, entre ellos la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés). García Morales se hizo a esas acciones por medio de Oil & Gas Logistic, otra empresa de papel que, de nuevo, creó con ayuda de Enrique y Eduardo Ghisays. Esas acciones ya no hacen parte de su inventario.
Gabriel García Morales lo perdió todo. Hoy, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, cultiva hortalizas para redimir su pena y lograr salir del centro penitenciario lo más pronto que le sea posible. Con sus plantaciones, esperar recuperar lo único que, por ahora, puede: su estado como hombre libre.