2 Jun 2020 - 5:09 p. m.

General Atehortúa se defiende en el juicio disciplinario en su contra ante la Procuraduría

El abogado del director de la Policía dice que en este proceso convergen “conspiraciones”, “gente que quiere que ascender de cualquier forma” y “ataques mediáticos”. El alto oficial habría participado en las irregularidades que se presentaron en proyectos inmobiliarios de la institución.

En las instalaciones de la Procuraduría, el abogado Marco Antonio Velilla sustentó la defensa del actual director de la Policía Óscar Atehortúa en el juicio disciplinario que enfrenta por las supuestas irregularidades que se presentaron en un proyecto de viviendas fiscales en San Luis (Tolima). De acuerdo al Ministerio Público el alto oficial se habría extralimitado en sus funciones y traficado influencias como director del Fondo Rotatorio de la institución. El defensor del general hoy enjuiciado, quien fue exmagistrado del Consejo de Estado, señaló que este proceso tiene como fin empañar la imagen de su cliente, quien “lleva más de 36 años de carrera en la Policía sin tener, hasta hoy, ninguna anotación disciplinaria”.

Según el Ministerio Público, Atehortúa habría tenido un "desconocimiento del principio de responsabilidad, faltado a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado" en el desarrollo del proyecto. El general Atehortúa fue director del Fondo Rotatorio de marzo de 2014 a junio de 2016. Sin embargo, el contrato por el que hoy se le investiga disciplinariamente fue suscrito en octubre de 2011 por la entonces cabeza del Fondo, el coronel Saúl Torres Mejía. Un asunto que el abogado Velilla resalta: “(Atehortúa) No participó de la planeación y contratación de este conjunto de casas fiscales como mal señala el inspector de la Fiscalía, William Salamanca”.

En el contrato para la construcción de las 59 casas de la Policía en San Luis, Tolima, se hizo bajo la modalidad de llave en mano por cerca de $10.930 millones. Duró desde octubre de 2011 hasta que fue liquidado el 17 de diciembre de 2015 y, además, el proceso de construcción del proyecto inmobiliario fue vigilado por una interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el informe final de la institución de educativa, de junio de 2014, se informó que la obra tenía un retraso del 3 %. Sin embargo, meses después otro informe de interventoría determinó que era del 11 %, equivalente a $1.238 millones.

En un informe técnico de febrero de 2020, la propia Contraloría General, continuó Velilla, no encontró irregularidades (hallazgos fiscales) en el proyecto, conclusión a la que también llegó el general Jorge Hernándo Nieto cuando hace tres años estaba a la cabeza de la Policía. Además, Velilla indicó que las acusaciones que hace el inspector Salamanca se basan en anónimos "que quieren forzar a un error a la Procuraduría" y que, además, su dependencia no conoce de los contratos por los que hoy se juzga a Atehortúa. La defensa de este último mostró un testimonio que brindó Salamanca al Ministerio Público en el que así lo señala el propio Salamanca.

Según Velilla, las investigación que alguna vez cursó ante la propia Procuraduría sobre estos mismos hechos fue archivada porque no se encontraron irregularidades. Además, advirtió que ese desarchivo de la investigación no se podía hacer porque esta acción solo es permitida, "según lo indicado por el Consejo de Estado", para procesos que estén relacionados con la violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

Velilla también dijo que cuando fue magistrado del Consejo de Estado y con ponencia de él mismo, que cuando las investigaciones disciplinarias tienen archivo definitivo pasan a ser cosa juzgada, determinación que fue abalada por la Corte Constitucional con el fin de que se respetara los derechos a la seguridad jurídica y al de no ser juzgados dos veces por los mismos hechos. El litigante advirtió que el uso de los organismos de inteligencia y contrainteligencia de la Inspeccción General violó el debido proceso de Atehortúa y recalcó que esta dependencia no conoció los contratos ahora cuestionados.

Este proceso que afronta Atehortúa salió a relucir en diciembre del año pasado en medio de la ceremonia de ascensos de algunos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía en la Escuela General Santander. En ese momento se filtró a los medios de comunicación un choque al interior de la Policía entre Atehortúa y el inspector general Salamanca por las investigaciones que este último hizo al interior de la institución. Entre las pesquisas de este oficial, además de la relacionada con las casas fiscales, habrían denuncias de posibles vínculos de agentes antinarcóticos con el narcotráfico.

La Procuraduría dice que Atehortúa, cuando fue cabeza del Fondo Rotatorio, a pesar de los "graves retrasos" en la obra, le dió un plazo al contratista, hasta mayo de 2015, para terminar las 59 casas fiscales. Sin embargo, el Ministerio Público advierte que en julio de ese año, la Dirección de Bienestar Social de la Policía revisó las casas y encontró "serias falencias en la calidad de la obra", como "aires acondicionados en mal estado, vidrios rotos, sanitarios dañados, enchapes con fisuras, tomacorrientes sin funcionamiento", entre otras.

No le correspondía al general Atehortúa, dice la Procuraduría, archivarle al contratista de la obra ante los evidentes incumplimientos. El propio oficial, quien ahora es general de la Policía y dirige la institución, dejó constancia cuando recibió la obra a finales de julio de 2015 de las deficiencias, asegura el Ministerio Público. Un mes antes, Bienestar Social de la Policía le había dado 30 días más a los constructores para que dejaran impecable la obra.

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