General (r) Mario Montoya pide a la JEP que garantice su seguridad

Mario Montoya con sus abogados en una audiencia ante la JEP. / Archivo El Espectador

El general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, le pidió medidas cautelares a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo hizo por tres razones: la primera, “evitar daños irreparables” sobre su buen nombre y la presunción de su inocencia; y la segunda, pedir que se garantice la “protección, seguridad y conservación” de la información de su caso que reposa en la justicia especial.

La particular petición del alto oficial (r) tiene un contexto. Hace unas semanas, varios medios de comunicación -incluido este diario- dieron a conocer declaraciones que han dado oficiales en contra de Montoya, en las que han asegurado que su rol fue determinante para la comisión de ejecuciones extrajudiciales en todo el país mientras comandó el Ejército. “Montoya fue lo peor que le pasó al Ejército”, dijo, por ejemplo, el mayor (r) Gustavo Soto, exjefe del Gaula Casanare.

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Otros medios como Noticias Uno y Blu Radio también divulgaron piezas que hacen parte del expediente Montoya y que, por ahora, están sometidas a reserva. Por eso mismo, la defensa de Montoya solicitó a la JEP que se hagan investigaciones para saber cómo se filtró la información, para, asimismo, “adoptar las acciones penales y disciplinarias contra los responsables de tal manera que dichas conductas no se repitan en el futuro”.

El tercer motivo por el cual el general (r) Montoya envió este oficio a la JEP es su propia integridad. Según su solicitud, las filtraciones lo han puesto en riesgo, por lo que la justicia transicional, asegura en el documento, debe “adoptar las demás medidas cautelares (…) que garanticen su seguridad personal y jurídica”. La petición se hizo ante la JEP el pasado 17 de junio.

En este tema de los llamados falsos positivos, no es solo la integridad del general (r) Montoya la que está en juego. A la JEP ya le han pedido medidas de protección siete comparecientes, es decir, siete militares que han declarado sobre la macabra práctica de asesinar civiles y adecuar puestas en escena para hacerlos pasar como bajas en combate. Hasta ahora, 92 militares han declarado en todo el país en el marco de la investigación por ejecuciones extrajudiciales en la JEP y vienen 80 declaraciones más este semestre.

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El pasado 11 de julio, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas notificó a la defensa del general (r) que se encargaría de procesar su solicitud. Por eso, le pidió que ampliara la información sobre “las situaciones de riesgo en que se encuentra el compareciente”. El análisis de esos riesgos estará a cargo del grupo de protección a víctimas y testigos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Sin embargo, la Sala le dejó algo claro al general (r): sus peticiones sobre proteger la información para garantizarle el debido proceso, el buen nombre y la presunción de inocencia son improcedentes.