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El general (r) Henry William Torres Escalante, investigado por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales de Daniel y Roque Torres, un padre e hijo, en marzo de 2007, se entregó a la justicia este martes. La decisión de presentarse ante la Fiscalía responde a la orden de captura emitida por el Tribunal Superior de Yopal que, en diciembre pasado, le revocó la libertad tras acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) el año pasado. Se ordenó su reclusión en una guarnición militar del Batallón de Infantería en el Cantón Norte. (Le puede interesar: La polémica por libertades a militares en la JEP).
La magistrada Gloria Esperanza Malaver revocó la libertad argumentando, entre otras cosas, que los beneficios que ofrece el Decreto 706 de 2017, que permite levantar las órdenes de captura vigentes o las medidas de aseguramiento dictadas en su contra, no puede ser aplicable según la Corte Suprema de Justicia. Y, en ese sentido, el alto tribunal precisó que se trata de un beneficio de carácter temporal hasta que la JEP tome una decisión en cada caso en particular.
Los falsos positivos por los cuales se llamó a juicio al general en retiro ocurrieron en la finca El Triunfo en Aguazul (Casanare). Tropas del Batalón de Infantería Ramón Nanato Pérez reportaron la baja en combate de Hugo Esgar Araque Rodríguez y Roque Julio Torres Torres, menor de edad.
Los testigos aseguraron que tanto la retención de los labriegos como su muerte hizo parte de un plan orquestado por el general Torres Escalante. En el escrito se citan 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios los que realizó la Fiscalía para asegurar que el entonces coronel Torres Escalante era quien “estaba a cargo de la preparación, ejecución y control del desarrollo de la Misión Táctica Fragmentaria No. 05 ‘Marte’”, en la que fueron asesinados Daniel Torres y su hijo. (En contexto: Las pruebas de la Fiscalía para capturar al general Henry Torres Escalante).
Según la Fiscalía, las muertes de los campesinos, quienes habrían sido presentados como auxiliadores del ELN, fueron planeadas con anticipación. Supuestamente el objetivo de los militares que se vieron involucrados en el crimen, era silenciar a las víctimas, pues ambos eran testigos en dos procesos por “falsos positivos” que se estaban adelantando contra varios miembros de la Brigada bajo el mando de Torres Escalante. En el expediente en su contra, habría material probatorio que demostraría que Torres Escalante tendría responsabilidad en más de 80 extrajudiciales en Casanare, especialmente en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
Por estos hechos, ya fue condenado a 22 años de prisión el teniente Fabián García, quien estaba bajo las órdenes de Torres Escalante. Por eso, después de la condena del uniformado el juez mandó a investigar al general, en ese entonces activo dentro de la institución castrense.