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8 Apr 2010 - 10:33 p. m.

Generales, a versión libre por caso del Palacio de Justicia

Un testigo ratificó denuncias sobre excesos del batallón Charry Solano y denunció que militares quieren a la fiscal fuera del proceso.

Redacción Judicial

El proceso en la Fiscalía por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán tomó impulso luego de que fueran citados a versión libre la próxima semana los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Carlos Alberto Fracica. El primero en calidad de ex comandante de la Brigada XIII y el segundo como oficial que participó en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Pero además, el ente acusador ya tiene en su poder un dictamen pericial en el que se ratifica que Urán murió como consecuencia de tiros a corta distancia.

Así lo confirmó El Espectador, que además tuvo acceso a una reciente declaración de uno de los testigos claves en el caso del Holocausto: se trata de Marlio Quintero Pastrana, un sujeto que participó en labores de inteligencia para el batallón Charry Solano, así como su hermano, un cabo del Ejército, y su cuñada. En testimonio rendido el pasado 6 de abril, desde Neiva, este ex informante aportó nuevos detalles al expediente, acusó a un mayor (r) del Ejército de “matón” y lanzó una peligrosa tesis sobre un súbito cambio de la fiscal Ángela Buitrago, que desde cuatro años investiga estos hechos.

Lo primero que ratificó Quintero Pastrana es que agentes del Charry Solano se hicieron pasar como periodistas para entrevistar a los familiares de los desaparecidos o víctimas del Holocausto. El objetivo era simple: saber qué estaban pensando y cuál sería su derrotero judicial. Pura labor de inteligencia. Incluso que contactaron periodistas verdaderos de un noticiero de la época que formaban parte de una nómina secreta pagada supuestamente por los militares. Dijo que durante años su labor consistió en hacerse pasar como taxista y que en el vehículo que le dio el batallón solían detener sin orden judicial a personas a quienes sometían a tortuosos interrogatorios.

“Lo que pasa ahora es que todo se hace a lo legal. En esa época todo era a los ‘berracazos’. Y el que más hiciera cosas ilegales, ilícitas, ascendía”, relató y explicó que poco tiempo después de que el M-19 se tomara el Palacio le fue ordenado por el sargento Mario Benavides recoger en su taxi a infiltrados de esa guerrilla que colaboraban con el Charry Solano y llevarlos hasta la carrera séptima con calle 13 para que pudieran aportar información sobre el comando dirigido por Andrés Almarales. Quintero Pastrana fue comisionado para recoger y llevar a su casa a los estudiantes, que resultaron siendo Eduardo Matson Ospino y Yolanda Santodomingo, quienes sobrevivieron.

El testigo añadió que sabía que los estudiantes habían estado detenidos el día de Palacio, “y lo sé porque cuando había una equivocación se les trataba como a una princesa, o sea que cuando los bajaron en alguna parte los mandaron en taxi y no los dejaron tirados por ahí. Y cuando salieron fue porque tuvieron suerte”. Agregó que trabajó en una empresa fachada llamada Anet, que supuestamente desarrollaba publicidad. Era en realidad una sede alterna del Charry. Quintero Pastrana acusó al mayor (r) Óscar William Vásquez de tener ilegalmente a personas, montarlas en el taxi y llevarlas a la Escuela de Artillería para ser interrogadas severamente en esa época.

“Unas personas las tomaba el mayor Vásquez en la calle, nunca en la casa, nunca en un sitio, siempre en la calle (...) Vi que el mayor capturó gente delante de mí y la subía al carro con una pistola en la cintura y les decía métase allá y tírese al piso, y me decía que arrancara y yo lo hacía”, sostuvo. Contó que nunca participó de esos interrogatorios y que vio que en ocasiones les pegaban. Y lanzó una grave acusación. Según refirió el oficial (r) Vásquez, llamado a juicio por la desaparición de 11 personas en este caso, le pidió que le ayudara al general (r) Iván Ramírez Quintero, detenido desde hace dos años.

Relató Quintero que el mayor visitó a su esposa para pedirle que declarara contra su marido y lo desacreditara como testigo, pero que además el general Ramírez le mandó razón de que lo ayudara. Según él, el oficial (r) lo buscó en Neiva, le dijo que los desaparecidos del Palacio estaban vivos y que se trataba de un complot para enlodar al Ejército. Además, le prometió devolverle un taxi por el que vienen enfrentándose desde hace años y que está embargado por cuenta de lo que el testigo llamó una retaliación en su contra. Sostuvo que está muy amenazado y teme por su vida y que en dos oportunidades le han lanzado ácido, lo que le provocó quemaduras de segundo grado.

Por último, indicó que Vásquez le dijo que iban a ‘levantar’ a la fiscal Ángela Buitrago y explicó que el oficial (r) le había dicho que tenía información muy precisa en el sentido de que el próximo Fiscal General la apartaría del proceso por orden del Gobierno. Añadió que la presión de militares activos y en retiro tenía como propósito sacar del juego a Buitrago. Sus denuncias fueron aportadas en el marco de una diligencia ordenada en el proceso del general Jesús Armando Arias Cabrales. Estas evidencias, así como el dictamen pericial del cadáver de Urán, revelan los avances de la justicia para desenterrar la verdad.

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