Este lunes 6 de abril, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el apoderado judicial de ese departamento, el abogado Carlos Fernando Duque Gómez, interpusieron una demanda de nulidad en contra de la resolución con la que la Fiscalía General de la Nación ordenó suspender las órdenes de captura en contra de 23 jefes de bandas criminales de Medellín y del Valle de Aburrá. La petición la hicieron ante el Consejo de Estado.
El origen de la demanda está en una solicitud que le hizo en febrero pasado la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, al ente investigador, para que suspendiera las órdenes de captura contra personas reconocidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá que hacen parte de la mesa de paz urbana de esa ciudad.
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Entre los jefes de bandas criminales cobijados por esa medida están Albert Antonio Henao Acevedo, alias “Alber”; Andrés D’maría Oliveros Correa, “Mundo Malo”; Freyner Alfonso Ramírez García o “Carlos Pesebre”; José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, y Sebastián Murillo Echeverri o “Lindolfo”. Muchos de ellos están recluidos en centros penitenciarios pagando condenas por graves crímenes.
La orden señala que “no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia”.
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No obstante, la decisión no fue bien recibida por los mandatarios locales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Rendón le salieron al paso a la medida señalando que levantar las órdenes de captura pone en riesgo la seguridad. “No son cualquiera: responsables de homicidios, extorsión, desapariciones y narcotráfico; durante años han sembrado miedo, reclutan jóvenes y desplazan familias”, dijo el gobernador Rendón.
El descontento de los mandatarios regionales con la decisión llegó hasta el Consejo de Estado con la demanda de nulidad interpuesta este lunes y en la que la Gobernación de Antioquia argumenta, entre otras cosas, que la medida debilita la lucha institucional contra el crimen organizado y termina favoreciendo a esas estructuras criminales. Además de la demanda, pidieron suspender temporalmente sus efectos mientras resuelven el recurso.
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El documento de la demanda conocido por El Espectador argumenta que hubo una violación de los principios constitucionales porque el Ejecutivo estaría usando a la Fiscalía como canal para gestionar elementos que hacen parte de su política de paz total. “La Fiscalía actúa en la práctica como canal de ejecución de decisiones impulsadas desde el Ejecutivo, desnaturalizando su función constitucional y comprometiendo los fines esenciales del Estado, en particular la obligación de garantizar la efectividad de la justicia y la seguridad de los ciudadanos”, señala el documento.
Agrega también que la Fiscalía desconoció el alcance de su orden y de la ley, a pesar de que desde el ente investigador emitieron el pasado 31 de marzo un pronunciamiento aclarando los alcances de la medida. “Adopta la suspensión de órdenes de captura sin verificación individual efectiva de los beneficiarios, sin acreditar condiciones concretas orientadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas y sin evidenciar un control sustancial por parte de la Fiscalía, transformando así un instrumento excepcional de justicia transicional en una medida de aplicación amplia, carente de verificación material”, se lee en el documento.
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Entre sus argumentos, la Gobernación de Antioquia también señala que la orden de la Fiscalía va en contra de las normas internacionales relacionadas con asuntos de crimen organizado. “Esta decisión no solo debilita los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, sino que convierte una herramienta excepcional de política de paz en un instrumento que favorece, en la práctica, la operatividad de dichas estructuras”, dice el documento.
Agrega: “En este sentido, la resolución incurre en un supuesto de inconvencionalidad, al contrariar obligaciones internacionales de persecución penal efectiva, comprometiendo la responsabilidad del Estado colombiano y configurando un vicio adicional de legalidad del acto administrativo”. Y concluye señalando que la Fiscalía se excedió en sus competencias y tomó una decisión que está por fuera de los límites de sus responsabilidades.
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