El gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero, fue enviado a detención preventiva en su domicilio mientras es investigado por supuesta corrupción en un contrato para manejar la pandemia del COVID-19. Se trata de la compra de 10 ambulancias medicalizadas para atender la emergencia sanitaria, transacción que, según las pesquisas, habrían tenido un sobrecosto de más de $1.000 millones. El mandatario regional se declaró inocente. El mandatorio regional le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento, falsedad y peculado.
(En contexto: Fiscalía imputó cargos a gobernador de Putumayo por sobrecostos en contrato COVID)
La defensa del gobernador presentó recurso de reposición sobre esta determinación. En este proceso también son investigados el secretario de Salud del departamento, Jorge Alberto Molina Giraldo, y las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González. Y, ya desde mayo, el contrato estaba bajo la lupa de la Procuraduría, que llegó a pedir que se suspendiera la compra al advertir “su inconveniencia y posibles irregularidades que podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público”.
Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá argumentaron que se ordenaba la prisión domiciliaria con el argumento de que existe el riesgo de que existe el riesgo de “continuar con la actividad delictiva”. Con esta decisión judicial, desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque tendrá que designar un gobernador temporal, como lo hizo este año en departamentos como el de Cesar y Antioquia, gobernadores que ya retomaron sus puestos por dos decisiones judiciales.
La Procuraduría ya le tenía el ojo a este contrato de $3.460 millones para la compra de 10 ambulancias. De hecho, desde mayo pasado le abrió una investigación disciplinaria al gobernador Buanerges Florencio Rosero Peña. Según el organismo de control, habría sobrecostos en el negocio, que se firmó el 1 de abril. Desde entonces, el Ministerio Público había pedido suspender el contrato por inconveniencia.
Sobre el contrato No 547 del 1 de abril de 2020 la Procuraduría le pidió suspender la ejecución del contrato al advertir “su inconveniencia y posibles irregularidades que podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público”. Además, dentro de la investigación, también el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas para determinar si pudieron presentarse faltas disciplinarias.