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12 Jan 2023 - 5:49 p. m.

Gobierno deberá reconocer que niños reclutados no son “máquinas de guerra”: JEP

El Gobierno de Gustavo Petro debe incorporar una política pública que elimine de la doctrina militar discursos justificativos sobre el rol de los menores de edad en el conflicto armado.
Gobierno debe reconocer calidad de víctima a menores de edad reclutados
Gobierno debe reconocer calidad de víctima a menores de edad reclutados
Foto: AFP

En un auto de 22 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Gobierno reconocer como víctimas a los menores de edad que fueron reclutados en el marco del conflicto armado. La directriz de la justicia transicional se registró por cuenta de una solicitud de medidas cautelares que presentaron representantes de Coalico y Women’s Link Worldwide, por las declaraciones que en su momento entregó el exministro de defensa Diego Molano, en el que mencionó que los niños eran usados como “máquinas de guerra”.

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El señalamiento del exjefe de la cartera se presentó luego de que el Ejército realizó un bombardeo en el municipio Calamar (Guaviare) a un presunto campamento que pertenecía al exjefe guerrillero Gentil Duarte. En la operación militar murieron 12 menores de edad que fueron reclutados por la estructura. En este caso, la decisión de la JEP fue emitida por la Sección de Apelación que conoció el recurso que presentaron las corporaciones en el macrocaso 07 que investiga los hechos de reclutamiento de menores de edad en el marco del conflicto armado.

Para la Sala de Apelación es claro que la declaración del exministro se configura en una nueva vulneración de derechos para los menores que fueron reclutados. “Referirse a los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados en el marco del conflicto armado como máquinas de guerra negando su condición de víctimas para reducirlos a la expresión de graves delincuentes, constituye una clara omisión del Estado de cumplir con las obligaciones que le son impuestas por la Constitución Política” dice el auto de la JEP.

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La Sala concluye que lo que debe hacer el Estado es adoptar medidas para evitar que se siga registrando hechos que materializan un nuevo riesgo en vulneración de derechos para quienes fueron reclutados. La JEP recordó un señalamiento que hizo la Corte Constitucional respecto de la obligación que tiene el Gobierno de proteger los derechos de las personas que, aunque hoy gozan de condición adulta, fueron afectados mientras eran menores de edad.

Así las cosas, para la JEP está claro que las acusaciones de Molano desconocieron los proyectos de reconciliación y de reincorporación de quienes fueron reclutados en las filas de las extintas Farc. Esa situación, a juicio de la justicia transicional, obstaculiza la implementación del Acuerdo de Paz y la “construcción de una sociedad reconciliada”. “Por tanto, realizar declaraciones que desconocen la condición de víctimas de quienes han sido reclutados y de esa manera obligados a abandonar su infancia para participar en los albures de la guerra, claramente revictimiza a quienes sufrieron este flagelo”, dice el auto.

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Para la JEP está claro que las declaraciones de ese tipo neutralizan cualquier esfuerzo para erradicar “los factores de riesgo” que pesan sobre esta población. En ese orden, la justicia transicional concluyó que el lenguaje político no puede estar opuesto a “los patrones éticos” que se derivan del hecho de que exista un Estado Social y Democrático de Derecho.

Así las cosas, el auto recordó que la paz no es solo tarea de las instituciones del sistema integral, sino que es una tarea y un compromiso del Estado, por lo que decretó medidas cautelares de protección sobre los derechos de las víctimas que están acreditadas en el caso 07 que investiga el reclutamiento. En ese orden, el Gobierno debe hacer un pronunciamiento público en el que se reconozca la calidad de víctimas de las personas reclutadas.

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Además, debe incorporar una política pública que elimine de la doctrina militar discursos justificativos sobre el rol de los menores de edad en el conflicto armado. Las personas que fueron reclutadas deben ser reconocidas como víctimas y en medio de las operaciones militares que puedan resultar afectados se deben priorizar sus derechos respetando los principios de precaución, necesidad, humanidad y proporcionalidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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