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4 Feb 2022 - 12:59 a. m.

Gobierno deberá evaluar cuál fue el impacto en la educación durante la pandemia

Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el alto tribunal estudió el caso de tres menores de edad que en medio del confinamiento por el Covid-19 no han podido acceder a una educación de calidad.
La comunidad educativa en general apoya el proceso como algo positivo y necesario, en donde la nueva normalidad y los viejos problemas del sector sean una oportunidad de adecuar los colegios a las nuevas necesidades de estudiantes y maestros.
La comunidad educativa en general apoya el proceso como algo positivo y necesario, en donde la nueva normalidad y los viejos problemas del sector sean una oportunidad de adecuar los colegios a las nuevas necesidades de estudiantes y maestros.
Foto: Gustavo Torrijos

La Sala Plena de la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Educación y entidades territoriales, en un término no mayor a seis meses actualicen, formulen e implementen si aún no lo han hecho, un plan de estrategias que permitan evaluar a nivel nacional el impacto que ha tenido la pandemia generada por el Covid-19 en el servicio de educación, en los docentes y en los estudiantes. La determinación del alto tribunal obedece al estudio de tres tutelas que aterrizaron en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que solicitaban igualdad en materia estudiantil durante la época de pandemia.

Este jueves, la Sala Plena, con una votación de ocho a favor y uno en contra, avaló la ponencia del magistrado Ibáñez que, entre otras cosas, también le ordena al Gobierno que, presente una serie de recomendaciones en materia de acompañamiento psicológico, nivelación de contenidos, reducción de las cifras de deserción, y focalización de la estrategia de conectividad en las zonas donde habitan niños y adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad. La directriz del alto tribunal se basa en que los tres menos no pudieron acceder al servicio de educación debido a que no contaban con las tecnologías suficientes para recibir clases de manera virtual.

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Las recomendaciones, a juicio de Ibáñez, servirán para la actualización y mejoramiento de las medidas implementadas hasta la fecha con el fin de que permitan reducir la brecha de vulnerabilidad que se amplió con la pandemia en materia educativa. Además, el Gobierno deberá en un tiempo no superior a un año, formular una política pública de prevención ante situaciones de pandemia, catástrofes o calamidades públicas que permitan adoptar con anticipación medidas para evitar y resolver problemas que alteran o amenacen el normal funcionamiento de la educación y de esa manera garantizar la efectividad del derecho a la misma en cualquiera que sea el modelo educativo, presencial o virtualidad.

La ponencia de Ibáñez que fue expuesta en Sala Plena, entre otras cosas, indició que “el modelo actual de educación remota de emergencia, que surge con la pandemia (…) no corresponde ni a un modelo de educación a distancia (…) ni a un modelo de educación virtual, que es esencialmente no presencial”. Para el magistrado con el cierre de los colegios, el aumento en los indicadores de conectividad se ha visto drásticamente reducido “aunque la Corte reconoce los esfuerzos del Ministerio en materia de conectividad en educación, también advierte que estos se han visto frustrados, en tanto que, esta decisión reproduce los problemas estructurales en conectividad del país, sin una solución viable en el corto plazo”.

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La ponencia de 131 páginas, que desde finales de 2021 estaba siendo debatida en el alto tribunal puso en la palestra la serie de irregularidades a las que se tuvieron que enfrentar cientos de niños en el país que no pudieron acceder a la educación debido a que no contaban con elementos tecnológicos ni tampoco con conexiones de red cercanos a su lugar de residencia. Pese a que durante 2022 las autoridades locales y nacionales decidieron que los menores y adolescentes ya debían retornar a los centros educativos de manera presencial, tanto padres de familia como estudiantes, e incluso, los mismos docentes, han considerado que la educación virtual dejó vacíos de conocimiento.

En las acciones de tutela que fueron estudiadas por el magistrado Ibáñez reposa que el Ministerio de Educación ni las secretarias locales tomaron las medidas adecuadas durante la pandemia para garantizar el goce efectivo del derecho a la educación. En concreto, señalaron que por esa omisión sus hijos no contaron con servicio educativo y agregaron que su condición económica precaria y los ingresos familiares fueron insuficientes para suplir las necesidades básicas.

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