Gobierno planea retomar aspersión con glifosato en "cuestión de semanas"

El presidente Iván Duque se refirió desde Londres a la necesidad de retomar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. Según dijo el primer mandatario es algo que "se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso". El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le hizo eco a la propuesta y explicó que, aunque el tema debe primero tener el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, esa aprobación es "cuestión de semanas" y se retomaría el uso del herbicida en el mes de julio de este año. 

En medio de una estrategia integral contra el narcotráfico, aseguró Duque, “también debemos contemplar la utilización de técnicas de aspersión con precisión con todos los mecanismos y mitigantes para no producir efectos dañinos ni en el ambiente ni en terceras personas, pero esa herramienta se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso".

::El estudio que raja al glifosato en la Corte::

Por su parte, el ministro Botero, dijo que el principio de precaución por el que se suspendió el glifosato se resuelve, por un lado, porque "en todo el uso de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas, siempre hay que cumplir con elementos de precaución y eso lo usan los agricultores en condiciones normales, no es nada excepcional". Y, por otro, porque "los equipos que se usan hoy son distintos a los que se usaban hace unos años porque los equipos han venido mejorando".

Botero, además, explicó que, para que se pueda retomar el uso del glifosato se necesita el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), una agrupación de entidades que coordinan la política de drogas en el país. De esta mesa hacen parte, además de su cartera, la Fuerza Pública, los Ministerios de Salud y Justicia, entre otros. Según reveló el ministro, aunque "es difícil ponerle una fecha" a esta luz verde del CNE, pues se debe revisar la agenda de todos sus integrantes, "Aspiraría que en julio se da la autorización, una vez dada hay que tramitar la licencia ambiental y entre 12 o 16 semanas iniciaríamos con las aspersiones aéreas". 

(Lea también: Iván Duque retomaría aspersiones con glifosato)

Sin embargo, el uso del glifosato también está frenado por la vía judicial en un tema que todavía no se ha definido. En 2017 una comunidad del Chocó presentó una tutela que terminó en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, a través de la cual el alto tribunal impuso una serie de requisitos para permitir de ahí en adelante asperjar cultivos de coca. Entre ellos, que se demostrara científicamente que esta actividad no suponía riesgos para la salud de la población afectada por la fumigación aérea. 

En marzo de este año, la Corte sostuvo una audiencia pública sobre el uso del glifosato que se citó para dar seguimiento al fallo y determinar si ya había certeza sobre los efectos del químico en la salud. Ese tema todavía se encuentra en estudio, en el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos, encargado de proyectar una decisión que deberá ser votada por sus colegas. 

::La sustitución de cultivos de coca es mucho más barata que el glifosato::

En su intervención en esa audiencia pública, el presidente Duque aseguró que su petición a la Corte no era  un choque de trenes, sino que el problema debía ser visto como uno de seguridad. "No nos digamos mentiras, desde 2013 al primero de agosto de 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos. Se quintuplicaron. La cifra no es menor, el crecimiento fue del 64% por año”, dijo. Además, aseguró que en los municipios donde hay más cultivos ilícitos, hay más amenazas y crímenes contra líderes sociales", dijo Duqe.

El mandatario señaló que ese incremento es la evidencia de una amenaza al orden público en las zonas en las que se ha presentado, generando afectación en derechos al medio ambiente y generando distorsiones económicas. “Es una expansión tenebrosa, el debate no se centra en el herbicida”, dijo Duque al solicitar que estén disponibles todas las herramientas necesarias para poder combatir la amenaza. El presidente señaló que la disminución de las áreas cultivadas en el pasado se logró con un andamiaje que tenía, entre otros, la aspersión aérea con glifosato, siguiendo protocolos de no afectación a las comunidades.

Entre las órdenes que dejó la decisión de la Corte, hay una directa al CNE a "no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG)" hasta que "haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio" con evidencia científica y garantías de que el químico no es dañino para la salud de las personas expuestas ni para el medio ambiente. Es decir, el gobierno debería aportarle a la Corte el sustento científico de que el principio de precaución fue resuelto, siguiendo las siguientes instrucciones que le dio el altro tribunal: 

1. La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de esas mismas entidades.
2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Este proceso de evaluación deberá realizarse de manera continuada.
3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. La legislación o reglamentación pertinente deberá indicar las entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como mínimo deberá incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio Público.
4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad, de acuerdo con los parámetros fijados en el apartado 5.4.3.4 de esta providencia.
5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo.
6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.

El presidente Iván Duque se refirió desde Londres a la necesidad de retomar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. Según dijo el primer mandatario es algo que "se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso". El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le hizo eco a la propuesta y explicó que, aunque el tema debe primero tener el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, esa aprobación es "cuestión de semanas" y se retomaría el uso del herbicida en el mes de julio de este año. 

En medio de una estrategia integral contra el narcotráfico, aseguró Duque, “también debemos contemplar la utilización de técnicas de aspersión con precisión con todos los mecanismos y mitigantes para no producir efectos dañinos ni en el ambiente ni en terceras personas, pero esa herramienta se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso".

::El estudio que raja al glifosato en la Corte::

Por su parte, el ministro Botero, dijo que el principio de precaución por el que se suspendió el glifosato se resuelve, por un lado, porque "en todo el uso de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas, siempre hay que cumplir con elementos de precaución y eso lo usan los agricultores en condiciones normales, no es nada excepcional". Y, por otro, porque "los equipos que se usan hoy son distintos a los que se usaban hace unos años porque los equipos han venido mejorando".

Botero, además, explicó que, para que se pueda retomar el uso del glifosato se necesita el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), una agrupación de entidades que coordinan la política de drogas en el país. De esta mesa hacen parte, además de su cartera, la Fuerza Pública, los Ministerios de Salud y Justicia, entre otros. Según reveló el ministro, aunque "es difícil ponerle una fecha" a esta luz verde del CNE, pues se debe revisar la agenda de todos sus integrantes, "Aspiraría que en julio se da la autorización, una vez dada hay que tramitar la licencia ambiental y entre 12 o 16 semanas iniciaríamos con las aspersiones aéreas". 

(Lea también: Iván Duque retomaría aspersiones con glifosato)

Sin embargo, el uso del glifosato también está frenado por la vía judicial en un tema que todavía no se ha definido. En 2017 una comunidad del Chocó presentó una tutela que terminó en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, a través de la cual el alto tribunal impuso una serie de requisitos para permitir de ahí en adelante asperjar cultivos de coca. Entre ellos, que se demostrara científicamente que esta actividad no suponía riesgos para la salud de la población afectada por la fumigación aérea. 

En marzo de este año, la Corte sostuvo una audiencia pública sobre el uso del glifosato que se citó para dar seguimiento al fallo y determinar si ya había certeza sobre los efectos del químico en la salud. Ese tema todavía se encuentra en estudio, en el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos, encargado de proyectar una decisión que deberá ser votada por sus colegas. 

::La sustitución de cultivos de coca es mucho más barata que el glifosato::

En su intervención en esa audiencia pública, el presidente Duque aseguró que su petición a la Corte no era  un choque de trenes, sino que el problema debía ser visto como uno de seguridad. "No nos digamos mentiras, desde 2013 al primero de agosto de 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos. Se quintuplicaron. La cifra no es menor, el crecimiento fue del 64% por año”, dijo. Además, aseguró que en los municipios donde hay más cultivos ilícitos, hay más amenazas y crímenes contra líderes sociales", dijo Duqe.

El mandatario señaló que ese incremento es la evidencia de una amenaza al orden público en las zonas en las que se ha presentado, generando afectación en derechos al medio ambiente y generando distorsiones económicas. “Es una expansión tenebrosa, el debate no se centra en el herbicida”, dijo Duque al solicitar que estén disponibles todas las herramientas necesarias para poder combatir la amenaza. El presidente señaló que la disminución de las áreas cultivadas en el pasado se logró con un andamiaje que tenía, entre otros, la aspersión aérea con glifosato, siguiendo protocolos de no afectación a las comunidades.

Entre las órdenes que dejó la decisión de la Corte, hay una directa al CNE a "no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG)" hasta que "haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio" con evidencia científica y garantías de que el químico no es dañino para la salud de las personas expuestas ni para el medio ambiente. Es decir, el gobierno debería aportarle a la Corte el sustento científico de que el principio de precaución fue resuelto, siguiendo las siguientes instrucciones que le dio el altro tribunal: 

1. La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de esas mismas entidades.
2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Este proceso de evaluación deberá realizarse de manera continuada.
3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. La legislación o reglamentación pertinente deberá indicar las entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como mínimo deberá incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio Público.
4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad, de acuerdo con los parámetros fijados en el apartado 5.4.3.4 de esta providencia.
5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo.
6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.