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De aprobarse un proyecto de decreto elaborado por el Ministerio de Justicia, en cabeza de Wilson Ruiz Orejuela, todas las tutelas contra el presidente Iván Duque deberán radicarse solo ante el Consejo de Estado y no ante jueces regionales, como lo determina la ley hasta ahora. El Espectador conoció el documento, con el cual el Gobierno pretende que la misma regla aplique para cualquier tutela relacionada con asuntos de seguridad nacional y con la erradicación de cultivos de uso ilícito, tema en el cual los jueces regionales han desempeñado un papel esencial. Por ejemplo, con la tutela que presentó el personero de Nóvita (Chocó), a raíz de la cual la Corte Constitucional impuso ciertas exigencias al Gobierno en 2017 para retomar el uso del glifosato.
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Con este proyecto de decreto del Ministerio de Justicia se busca modificar tres artículos del Decreto 1069 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Entre los cambios, se lee también que las tutelas presentadas contra el contralor general, el procurador general, el fiscal general, el registrador nacional, el defensor del Pueblo, el auditor general, el contador general, el Consejo Nacional Electoral y las determinaciones de la Superintendencia Nacional de Salud “serán repartidas a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos”.
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Al presidente Duque no le ha ido tan mal en el Consejo de Estado. Esa corporación, por ejemplo, en fallo de octubre de 2020, rechazó una tutela interpuesta por el ciudadano Juan Felipe Rodríguez, quien alegó que sus derechos habían sido vulnerados luego de que el presidente Iván Duque se pronunciara en medios de comunicación y desde plataformas de la misma Presidencia lamentando la decisión de la Corte Suprema de Justicia, del 4 de agosto pasado, de detener al expresidente Álvaro Uribe. Rodríguez pidió que se le ordenara al máximo mandatario no emitir juicios de valor sobre los procesos penales de su mentor porque podía entenderse como presión a la justicia.
Sin embargo, el magistrado Martín Bermúdez, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, le respondió a Rodríguez que no estaba legitimado para presentar esa acción, pues no era parte del proceso penal que se adelanta contra Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El ciudadano indicó que sus derechos habían sido vulnerados, pues votó al Senado por el congresista Iván Cepeda, adversario judicial del expresidente. “El accionante no acreditó que fuera parte en el proceso penal ni que hubiera sido reconocido como víctima; tampoco expuso que estuviera actuando como agente oficioso de alguno de ellos”, respondió el magistrado Bermúdez.
Por ese mismo episodio, hablando de diferencias entre despachos regionales y el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo del 24 de agosto de 2020, pidió al presidente Iván Duque abstenerse de “emitir opiniones que desconozcan la autonomía e independencia de las ramas del poder público de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política”. El mismo tribunal reiteró sus consideraciones, el pasado 14 de septiembre, cuando expuso que “las publicaciones realizadas por el presidente de la república no guardan la imparcialidad que como primer mandatario debe garantizar”.
Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. pic.twitter.com/C32N0blWY6
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 4, 2020
“Existe un sector de la población, dentro del que se encuentra el actor, que no comparte las mismas, a quienes también debería representar con sus pronunciamientos y respetar su derecho a la igualdad. Esto a su vez, contraviene el mandato constitucional con base en el cual, el señor Iván Duque Márquez, como primer mandatario del país, al ser el símbolo de la unidad nacional debe garantizar, de manera imparcial e igualitaria, los derechos y libertades de todos los colombianos”, concluyó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver otra acción de tutela presentada por el ciudadano Sergio Andrés Pérez.
Una de las tutelas que el presidente Iván Duque acató, por orden de un juez de tutela regional, fue la promovida por el ciudadano Víctor David Aucenon, quien invocó sus derechos a la laicidad del Estado, la libertad de culto y el principio de separación entre el Estado y la iglesia. El accionante entuteló al mandatario, pues en el marco de la celebración de la Virgen de Chiquinquirá, el 9 de julio de 2020, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, lo cual fue tomado como una “exteriorización de creencia” por el Tribunal Superior de Cali.
“Para esta corporación el mensaje emitido por el Presidente no cumple con los mínimos de justificación y razonabilidad, por ser un claro discurso en materia religiosa cuya divulgación es prohibida, pues implica el desconocimiento del derecho de libertad de culto, y el deber de neutralidad del Estado, y en consecuencia, es vulneratorio del principio de laicidad del Estado”, explicó el magistrado ponente Germán Darío Gómez, el 27 de julio de 2020. Aunque el juez de tutela dio un plazo de 48 horas para retirar el tweet, aún está colgado en la cuenta del presidente Iván Duque.
Respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como Patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país. pic.twitter.com/jivyaWfBoT
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 9, 2020
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Sobre el tema de la erradicación de cultivos de uso ilícito, especialmente en relación con el retorno del glifosato, los jueces regionales fueron fundamentales el año pasado. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Nariño, el 22 de julio de 2020, ratificó una decisión de un Juzgado de Pasto a favor de las comunidades afro, indígenas y campesinas del Chocó, las cuales radicaron una acción de tutela contra la Presidencia por no tenerlos en cuenta para los debates sobre el retorno de la aspersión área con glifosato. Se trató de una acción promovida por 93 personas y 88 organizaciones, entre las que se encuentran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Cinep y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
Hubo una segunda tutela que se tramitó ante jueces regionales por el mismo tema: la participación de comunidades campesinas sobre el regreso del glifosato, pues la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) había convocado a una audiencia para exponer la modificación del Plan de Manejo Ambiental de la Policía en relación con este asunto. La audiencia se tuvo que programar virtualmente por la pandemia de COVID-19, pero múltiples organizaciones campesinas de Nariño, respaldadas por Dejusticia, alegaron que la virtualidad no era el camino adecuado dadas las dificultades técnicas de los campesinos para conectarse a un evento de esta importancia y, además, participar. Tras múltiples aplazamientos por consideraciones de los jueces, la audiencia solo se hizo hasta diciembre de 2020.
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Siguiendo con los despachos regionales, el pasado 13 de enero, el Tribunal Superior de Pasto suspendió una resolución del Ministerio del Interior, pues certificó a 104 municipios del Pacifico Nariñense como núcleos geográficos en los que se pretende asperjar con glifosato. El Gobierno, en su momento, expresó que no era necesario hacer consulta previa, pues los territorios étnicos estarían incluidos. Sin embargo, el Tribunal resolvió una acción de tutela a favor de las comunidades afro e indígenas, las cuales invocaron su derecho a la participación.
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El Gobierno no se quedó de manos cruzadas y el pasado 8 de marzo, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, presentó una acción de tutela contra la magistrada Blanca Lidia Arellano, ponente de ese último fallo. El Gobierno pidió proteger sus derechos al “debido proceso” y al “acceso a la administración de justicia”, pues esa Resolución 001 de 2020 del Ministerio del Interior es una hoja de ruta clave en el debate por el retorno de la aspersión aérea con glifosato. Incluso, la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la cual estará encargada de la eventual estrategia, utilizó esa información para desarrollar su Plan de Manejo Ambiental (PMA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Este es el proyecto de decreto que elaboró el Ministerio de Justicia: