Con 40 votos, el Senado de la República le quitó la investidura al exmagistrado de la Sala Penal, Gustavo Enrique Malo Fernández, y desde ahora la Corte Suprema de Justicia lo investigará penalmente por su presunta participación en el ya conocido cartel de la toga. La cámara alta aceptó el informe de la comisión instructora que concluyó que existen suficientes indicios que demostrarían que el exmagistrado hizo parte de una “empresa criminal” dedicada modificar decisiones judiciales a cambio de millonarias coimas.
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Malo Fernández se convierte en el segundo magistrado que va a juicio ante la Corte Suprema, después que el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, también perdiera su investidura por el caso Fidupetrol. El proceso contra Malo pasará a la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia y allí será juzgado por los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a reserva.
Esta decisión llegó después de una marea de impedimentos por parte de congresistas que, de alguna manera, estuvieron involucrados en procesos que manejó el exmagistrado en su despacho, o que previamente participaron en la revisión del caso contra Malo que hizo la Cámara de Representantes. Fueron exactamente 50 congresistas los que pidieron apartarse de la decisión, pero la plenaria aprobó 40. Después de este procedimiento, que duró más de cuatro horas, el senador Roosevelt Rodríguez, el secretario de la corporación, Gregorio Eljach, y el representante investigador, Edward Rodríguez, leyeron el informe de la comisión instructora.
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Ese informe detalló los hechos en los que estarían involucrados, además del exmagistrado, abogados, exsenadores y particulares por este escándalo que sacudió a la Corte Suprema. Por ejemplo, el representante Edward Rodríguez se pronunció ante la plenaria para exponer dos casos particulares: el del exsenador Musa Besaile, quien admitió un pagó de $2.000 millones para torcer un expediente en su contra, y el del excongresista Álvaro Ashton, que habría pagado $600 millones según la versión que rindió Luis Gustavo Moreno, jefe de la Unidad Anticorrupción, antes de su extradición a Estados Unidos.
Gustavo Malo fue separado de sus funciones el 3 de abril gracias a una norma que incluyó la Corte Suprema en su reglamento interno. La regla permite que se podrá relevar a cualquier magistrado cuya "honorabilidad" esté "cuestionada de manera grave y fundada". El exmagistrado presentó varias excusas médicas que dilató la separación de su puesto. Incluso, mediante varios llamados, la Corte Suprema pidió celeridad para que se definiera su situación jurídica. Esa decisión, finalmente, llegó este 13 de diciembre.
En abril de este año, en entrevista con El Espectador, Gustavo Malo manifestó que era inocente y ajeno a los cargos que le endilgan. “Ha sido muy fuerte, muy pesada toda esta pesadilla que se ha vivido porque en mis 39 años que llevo de carrera como juez, jamás he tenido una sola investigación ni siquiera disciplinaria, siempre he obrado con rectitud, transparencia y verme enfrentado ahora a esta situación ha producido un impacto emocional muy grande. He tenido que concurrir ante el médico para restablecer mi salud mental, que se ha visto bastante afectada con estos hechos”.