Historia de una demanda al Ejército por tres niños muertos por una granada

Desde hace seis años, las familias de Edwin Obed González y los hermanos Nelson y Jesús Grajales Granados buscan que el Estado reconozca su responsabilidad por el accidente en que dos de ellos —y un amigo más— perdieron la vida. Ocurrió en un polígono de tiro ubicado en el Batallón de Infantería N.° 43 en Cumaribo, Vichada. Pero no han tenido suerte. Su demanda ha pasado por tres tribunales (Antioquia, Cundinamarca y Meta) y nada que arranca. Es más, de acuerdo con el abogado de las víctimas, José Ramón Parra, el caso está engavetado en el Tribunal Administrativo del Meta: llegó allí en 2016 y, a pesar de tres solicitudes de celeridad, la última de este año, ni siquiera han llamado a conciliación.

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El accidente por el que se inició el proceso judicial ocurrió el 13 de noviembre de 2013 en Cumaribo. Cuatro niños (Eric Leonardo Mosquera Duarte, catorce años; Edwin Obed González, once años; Nelson Grajales Granados, ocho años, y su hermano Jesús Bernardo, seis años) salieron del colegio y fueron a jugar a las afueras del pueblo. En el expediente se lee que, según habitantes de ese municipio, los jóvenes comenzaron a lanzarles piedras a unas vacas hasta llegar a las cercanías del Batallón de Infantería. Allí entraron al polígono de tiro largo, una amplia explanada que no tenía cercas ni avisos que advirtieran de las actividades que se realizaban allí.

En el campo de tiro, como quedó registrado en las actas de las investigaciones, los menores comenzaron a recolectar casquillos de las balas que dejó la práctica de los hombres del Ejército. En su juego, uno de los menores, el de catorce años, encontró lo que ellos denominaron una “bala grande”: se trataba de una granada de fragmentación sin explotar, lanzada normalmente con un mortero. El juego habría seguido por varios minutos, hasta que, en condiciones que no son muy claras, el proyectil explotó. La violenta detonación causó la muerte, casi de inmediato, de tres de los menores, y dejó mal herido a Jesús Bernardo Grajales Granados.

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“Cuando la bala se rompió yo me fui solo para el caño caminando, porque los otros niños se murieron, yo estaba en el caño y llegó Cristian (otro joven) y dijo: ‘Se le salió (sic) las tripas’”, fue el testimonio del único sobreviviente. La familia del niño no entiende todavía cómo quedó con vida: estaba en el radio de letalidad de la granada, al igual que sus amigos fallecidos, y se fue con una herida amplia, pues se le perforó el abdomen y los intestinos quedaron expuestos, hasta una pequeña quebrada a lavar su camiseta porque había quedado manchada de sangre. El pequeño Jesús fue llevado a un centro asistencial de Cumaribo y luego trasladado de emergencia en un avión ambulancia hasta Villavicencio.

La recuperación fue difícil y su principal huella es una cicatriz larga en el abdomen. No obstante, hoy el menor tiene doce años y, además de un leve problema para procesar los alimentos, la única secuela considerable es un temor a que lo vean sin camisa o en pantaloneta, pues no le gusta mostrar sus heridas. Por otro lado, ante la pérdida de sus seres queridos, las familias de Obed González y de los hermanos Grajales Granados emprendieron una lucha legal contra el Ministerio de Defensa y la Presidencia. Para ellos, la suerte de sus hijos la marcó una clara omisión de los hombres del Ejército que operaban allí.

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De acuerdo con la demanda interpuesta por los familiares de las víctimas de la explosión, el Ejército cometió una grave omisión debido a que el polígono, ubicado cerca al Batallón de Infantería N.° 43 y en el que se hacían ejercicios de tiro y lanzamiento de granadas, estaba en “un terreno abierto al público”, que permitía el libre tránsito de personas, sin ninguna señalización, cercado ni advertencia. Además, según los accionantes, la granada de fragmentación sin explotar habría sido abandonada por los uniformados, por lo que habrían llegado a cometer una infracción directa contra el derecho internacional humanitario, al poner en peligro a los civiles que pasaban por allí con regularidad.

Para los familiares, los hechos no fueron un accidente de una sola ocasión, ya que no era la primera vez que los miembros del Batallón 43 dejaban munición sin explotar en el campo de tiro. Esta tesis la sustentó ante Policía Judicial un joven de la zona. En la declaración, el joven señaló que varias veces fue al polígono a recoger casquillos para vender como chatarra. En una de estas incursiones, dijo, encontró una granada sin explotar, que ofreció a un patrullero de la Policía. El uniformado le habría prometido una recompensa por cada explosivo que le llevara. El joven habría encontrado y entregado al policía varias granadas sin explotar, pero nunca recibió el botín prometido.

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Frente a los señalamientos y el pedido de una millonaria indemnización, el Ministerio de Defensa negó cualquier responsabilidad frente al accidente ocurrido a los menores. En respuesta a las pretensiones de las familias, el abogado Gustavo Rossi, representante de la cartera de la Defensa, señaló a los cuatro menores como responsables de los hechos, porque el accidente ocurrió a raíz de que ellos ingresaron a instalaciones militares. No obstante, para los demandantes, esa afirmación no es cierta, ya que el polígono era un paraje de libre circulación en el que no había elementos ni cercas que hicieran pensar que se estaba entrando a unas instalaciones de uso privativo de la Fuerza Pública.

Otro argumento del abogado del Ministerio de Defensa es que no había forma de determinar la procedencia de la granada, por lo que no era viable responsabilizar al Ejército. Por último, en una tesis controversial, la cartera de Defensa alegó que el accidente se dio, en gran medida, porque la comunidad se robó las cercas que delimitaban el polígono: “El Batallón de Infantería N.° 43 está ubicado en un sector cercano a la cabecera municipal de Cumaribo, en un sitio que toda la comunidad reconoce, respeta y apoya, toda vez que les brinda seguridad, sin que se hubiese presentado alguna circunstancia similar a la acontecida el 13 de noviembre de 2013, alinderado mediante cercas que lastimosamente son objeto de frecuente hurto”.

Sobre este último punto, el abogado de las víctimas pidió que se multara a su contraparte por mala fe al hacer una afirmación falsa, ya que, afirma, el terreno nunca estuvo cercado antes del accidente y solo se pusieron delimitaciones y advertencias después de acontecido el accidente. Para probar este punto, el abogado expuso el testimonio del coronel Nelson Alarcón, comandante del Batallón N.° 43. El alto oficial declaró que el campo de tiro “no (tenía) ningún tipo de encerramiento”. Asimismo, al hablar con varias personas de la zona, incluido uno de los tíos de los hermanos Grajales, El Espectador obtuvo la misma respuesta: la cerca se puso luego del accidente.

Además de la negativa del Estado, los familiares han tenido que afrontar un proceso paquidérmico. En 2015 fue radicado en el Tribunal Administrativo de Antioquia, bajo el argumento de que varios de los familiares de las víctimas vivían en ese departamento. Sin embargo, tras las objeciones de una de las partes, el caso fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque en Bogotá está la sede del Ministerio de Defensa, principal demandado. Ya en la capital, una nueva objeción envió el proceso al Tribunal Administrativo del Meta, debido a que esta era la corporación más cercana por territorialidad al lugar de los hechos.

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En el Meta, el caso ni siquiera ha comenzado. Además de tomar más de un año para ser admitido, el despacho a cargo del proceso no ha citado a las partes para una conciliación, paso básico para que siga su debido camino en la vía legal. El afán de las familias de las víctimas las ha llevado a presentar tres solicitudes de celeridad, la última en julio de este año, pero no ha generado mayores efectos. Ante esta situación, el abogado de las víctimas le confesó a este medio que está buscando herramientas legales que saquen del letargo a este proceso, pues van seis años entre la vía penal y administrativa y nada ha pasado. Los niños murieron en un polígono militar y no hay aún responsables.

Desde hace seis años, las familias de Edwin Obed González y los hermanos Nelson y Jesús Grajales Granados buscan que el Estado reconozca su responsabilidad por el accidente en que dos de ellos —y un amigo más— perdieron la vida. Ocurrió en un polígono de tiro ubicado en el Batallón de Infantería N.° 43 en Cumaribo, Vichada. Pero no han tenido suerte. Su demanda ha pasado por tres tribunales (Antioquia, Cundinamarca y Meta) y nada que arranca. Es más, de acuerdo con el abogado de las víctimas, José Ramón Parra, el caso está engavetado en el Tribunal Administrativo del Meta: llegó allí en 2016 y, a pesar de tres solicitudes de celeridad, la última de este año, ni siquiera han llamado a conciliación.

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En el campo de tiro, como quedó registrado en las actas de las investigaciones, los menores comenzaron a recolectar casquillos de las balas que dejó la práctica de los hombres del Ejército. En su juego, uno de los menores, el de catorce años, encontró lo que ellos denominaron una “bala grande”: se trataba de una granada de fragmentación sin explotar, lanzada normalmente con un mortero. El juego habría seguido por varios minutos, hasta que, en condiciones que no son muy claras, el proyectil explotó. La violenta detonación causó la muerte, casi de inmediato, de tres de los menores, y dejó mal herido a Jesús Bernardo Grajales Granados.

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“Cuando la bala se rompió yo me fui solo para el caño caminando, porque los otros niños se murieron, yo estaba en el caño y llegó Cristian (otro joven) y dijo: ‘Se le salió (sic) las tripas’”, fue el testimonio del único sobreviviente. La familia del niño no entiende todavía cómo quedó con vida: estaba en el radio de letalidad de la granada, al igual que sus amigos fallecidos, y se fue con una herida amplia, pues se le perforó el abdomen y los intestinos quedaron expuestos, hasta una pequeña quebrada a lavar su camiseta porque había quedado manchada de sangre. El pequeño Jesús fue llevado a un centro asistencial de Cumaribo y luego trasladado de emergencia en un avión ambulancia hasta Villavicencio.

La recuperación fue difícil y su principal huella es una cicatriz larga en el abdomen. No obstante, hoy el menor tiene doce años y, además de un leve problema para procesar los alimentos, la única secuela considerable es un temor a que lo vean sin camisa o en pantaloneta, pues no le gusta mostrar sus heridas. Por otro lado, ante la pérdida de sus seres queridos, las familias de Obed González y de los hermanos Grajales Granados emprendieron una lucha legal contra el Ministerio de Defensa y la Presidencia. Para ellos, la suerte de sus hijos la marcó una clara omisión de los hombres del Ejército que operaban allí.

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De acuerdo con la demanda interpuesta por los familiares de las víctimas de la explosión, el Ejército cometió una grave omisión debido a que el polígono, ubicado cerca al Batallón de Infantería N.° 43 y en el que se hacían ejercicios de tiro y lanzamiento de granadas, estaba en “un terreno abierto al público”, que permitía el libre tránsito de personas, sin ninguna señalización, cercado ni advertencia. Además, según los accionantes, la granada de fragmentación sin explotar habría sido abandonada por los uniformados, por lo que habrían llegado a cometer una infracción directa contra el derecho internacional humanitario, al poner en peligro a los civiles que pasaban por allí con regularidad.

Para los familiares, los hechos no fueron un accidente de una sola ocasión, ya que no era la primera vez que los miembros del Batallón 43 dejaban munición sin explotar en el campo de tiro. Esta tesis la sustentó ante Policía Judicial un joven de la zona. En la declaración, el joven señaló que varias veces fue al polígono a recoger casquillos para vender como chatarra. En una de estas incursiones, dijo, encontró una granada sin explotar, que ofreció a un patrullero de la Policía. El uniformado le habría prometido una recompensa por cada explosivo que le llevara. El joven habría encontrado y entregado al policía varias granadas sin explotar, pero nunca recibió el botín prometido.

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Frente a los señalamientos y el pedido de una millonaria indemnización, el Ministerio de Defensa negó cualquier responsabilidad frente al accidente ocurrido a los menores. En respuesta a las pretensiones de las familias, el abogado Gustavo Rossi, representante de la cartera de la Defensa, señaló a los cuatro menores como responsables de los hechos, porque el accidente ocurrió a raíz de que ellos ingresaron a instalaciones militares. No obstante, para los demandantes, esa afirmación no es cierta, ya que el polígono era un paraje de libre circulación en el que no había elementos ni cercas que hicieran pensar que se estaba entrando a unas instalaciones de uso privativo de la Fuerza Pública.

Otro argumento del abogado del Ministerio de Defensa es que no había forma de determinar la procedencia de la granada, por lo que no era viable responsabilizar al Ejército. Por último, en una tesis controversial, la cartera de Defensa alegó que el accidente se dio, en gran medida, porque la comunidad se robó las cercas que delimitaban el polígono: “El Batallón de Infantería N.° 43 está ubicado en un sector cercano a la cabecera municipal de Cumaribo, en un sitio que toda la comunidad reconoce, respeta y apoya, toda vez que les brinda seguridad, sin que se hubiese presentado alguna circunstancia similar a la acontecida el 13 de noviembre de 2013, alinderado mediante cercas que lastimosamente son objeto de frecuente hurto”.

Sobre este último punto, el abogado de las víctimas pidió que se multara a su contraparte por mala fe al hacer una afirmación falsa, ya que, afirma, el terreno nunca estuvo cercado antes del accidente y solo se pusieron delimitaciones y advertencias después de acontecido el accidente. Para probar este punto, el abogado expuso el testimonio del coronel Nelson Alarcón, comandante del Batallón N.° 43. El alto oficial declaró que el campo de tiro “no (tenía) ningún tipo de encerramiento”. Asimismo, al hablar con varias personas de la zona, incluido uno de los tíos de los hermanos Grajales, El Espectador obtuvo la misma respuesta: la cerca se puso luego del accidente.

Además de la negativa del Estado, los familiares han tenido que afrontar un proceso paquidérmico. En 2015 fue radicado en el Tribunal Administrativo de Antioquia, bajo el argumento de que varios de los familiares de las víctimas vivían en ese departamento. Sin embargo, tras las objeciones de una de las partes, el caso fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque en Bogotá está la sede del Ministerio de Defensa, principal demandado. Ya en la capital, una nueva objeción envió el proceso al Tribunal Administrativo del Meta, debido a que esta era la corporación más cercana por territorialidad al lugar de los hechos.

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En el Meta, el caso ni siquiera ha comenzado. Además de tomar más de un año para ser admitido, el despacho a cargo del proceso no ha citado a las partes para una conciliación, paso básico para que siga su debido camino en la vía legal. El afán de las familias de las víctimas las ha llevado a presentar tres solicitudes de celeridad, la última en julio de este año, pero no ha generado mayores efectos. Ante esta situación, el abogado de las víctimas le confesó a este medio que está buscando herramientas legales que saquen del letargo a este proceso, pues van seis años entre la vía penal y administrativa y nada ha pasado. Los niños murieron en un polígono militar y no hay aún responsables.