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El expediente de las víctimas de ejecución extrajudicial enterradas en el cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba (Atioquia), está cada vez más cerca de definirse. El Tribunal para la Paz de la JEP asumió el caso y pronto emitirá las primeras sanciones contra los ocho militares que aceptaron su responsabilidad en falsos positivos. Este es un caso emblemático para este sistema de justicia transicional pues, hasta antes de 2017, con la puesta en marcha de la JEP, la justicia ordinaria no tenía una sola hoja relacionada sobre Las Mercedes.
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Los próximos sancionados fueron integrantes del Batallón Contraguerrilla 79, la Brigada Móvil 11y el Batallón de Contraguerrillas 26 del Ejército, y se les atribuye la muerte de alrededor de 50 personas que fueron ocultadas en el cementerio municipal de Dabeiba, entre 1997 y 2007. Son el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez, mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado, coronel (r) Edie Pinzón Turcios, el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras, el sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa, el sargento primero (r) Jaime Coral, el sargento segundo (r) William Andrés Capera y el coronel (r) Efraín Enrique Prada.
“Esta etapa judicial finalizará con una sentencia y la consecuente imposición de sanciones propias con contenido restaurador y reparador para las víctimas, y un componente de restricción de derechos y libertades para los comparecientes que será verificado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Sanciones Propias, del que hace parte la Misión de Verificación de la ONU”, explicó la JEP.
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En este caso, víctimas y victimarios ya propusieron cinco medidas de reparación. Las propuestas son el restablecimiento de vías terciarias, la cátedra de paz, un proyecto productivo de galpones y un proyecto de obra de memoria y reparación simbólica en el cementerio Las Mercedes. Este último fue solicitado por las víctimas, quienes esperan que se le dé una re-dignificación al camposanto. La idea es que el proyecto tenga dos enfoques, uno apuntando a la memoria y la reparación simbólica y el otro en pro de la protección de los cuerpos que aún no han sido identificados o continúan desaparecidos.
Finalmente, la quinta propuesta es un proyecto de obra de reconstrucción de 7 puentes en el cañón de la Llorona, Río Sucio, los cuales habían sido “volados” por la Fuerza Pública, pues creían que estos beneficiaban la economía de la guerra de las Farc y que eran usados exclusivamente por el grupo armado. La comunidad expresa que estos son necesarios, pues conectan las veredas con el casco urbano, “darían seguridad a campesinos y personas vulnerables que hoy deben arriesgar sus vidas transitando por el río o atravesándolo con puentes colgantes en precarias condiciones”.
No obstante, en esta historia hay otros dos presuntos victimarios que no aceptaron su responsabilidad y que enfrentarán un camino distinto: la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP liderará un juicio en su contra con el que podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión se trata de los coroneles (r) David Herley Guzmán Ramírez, excomandante del Batallón Contraguerrilla 79, y Jorge Alberto Amor Páez, excomandante de la Brigada Móvil 11.
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