General (r) Mario Montoya pide que el caso en su contra se quede en la JEP

Mario Montoya

Foto: El Espectador - David Campuzano

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No hay otro camino para el abogado Andrés Garzón Roa, abogado del general (r) Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército entre 2006 y 2008. El militar es investigado por su presunto incentivo para que soldados y altos mandos privilegiaran las bajas en combate y, así, estimular “falsos positivos”. La Fiscalía está a punto de imputarlo, el próximo 25 de agosto, pero Garzón Roa solicitó se plantee un conflicto de competencias.

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La petición de Garzón Roa va dirigida a la misma JEP, la cual ha interrogado a Montoya por su presunta participación en el crudo fenómeno de la guerra colombiana, en el cual miembros del Ejército asesinaron a civiles que luego hicieron pasar por guerrilleros o paramilitares. Al menos 6.402, entre 2002-2008, según la JEP. La defensa de Montoya le pide a la JEP que plantee un conflicto de competencias con el Tribunal Superior de Bogotá, donde se espera la Fiscalía realice la sonada imputación.

Si la solicitud de Garzón Roa es acogida por los magistrados de la JEP, será la Corte Constitucional la que decida si la Fiscalía puede proceder con su imputación desde la justicia ordinaria, o la Jurisdicción de Paz sigue adelantando su proceso exclusivo con Montoya. De acuerdo con la normativa de la JEP, su funcionamiento es prevalente sobre la justicia ordinaria por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, como los “falsos positivos”.

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El abogado de Montoya espera que la JEP tome sus argumentos y, para darle peso jurídico, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La alta corte, en una sentencia de agosto de 2017, explicó que la Fiscalía, en casos como el del general en retiro, está excluida de adelantar órdenes de captura, interrogatorios, formulación de imputación -proceso que la Fiscalía de Francisco Barbosa quiere adelantar-, imposición de medida de aseguramiento y llamado a juicio.

Además, agregó que la Corte Constitucional ha dado validez a la esencia de la JEP: el Acto Legislativo 01 de 2017: “La JEP estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

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La Fiscalía, por su parte, solicitó audiencia de imputación el pasado 12 de agosto. El ente investigador tendría como probar que Montoya es culpable por delitos relacionados con “falsos positivos” entre 2007 y 2008. Mientras se desempeñó como comandante, como lo podría imputar la Fiscalía, Montoya habría desconocido una directiva en la que se le ordenó a las unidades privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales, así como las capturas, sobre las muertes en combate.

“Montoya Uribe, supuestamente, ejerció presión a todos los jefes de divisiones, brigadas y batallones para que cumplieran una estrategia diferente que, al parecer, premiaba y otorgaba condecoraciones a los comandantes y grupos que reportaban muertos”, agregó la Fiscalía. Según la investigación de la institución, Montoya tendría responsabilidad por el homicidio de 104 personas, cinco de ellas menores de edad que jamás pertenecieron a organizaciones criminales.

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