Imputación de cargos contra la exsubsecretaria de Movilidad de Samuel Moreno
Martha Hernández será procesada por las irregularidades en la adjudicación de los contratos para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).
Redacción Judicial
Para el próximo 18 de septiembre fue fijada la audiencia de imputación de cargos en contra de la exsubsecretaria de Movilidad de Bogotá, Martha Hernández dentro de la investigación que se adelanta por las irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en la capital de la República.
La investigación de la Fiscalía General sostiene que Hernández tuvo conocimiento de la celebración irregular del contrato 1229 de 2009 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la selección de las empresas oferentes para la adjudicación de las rutas del sistema integrado durante la administración de Samuel Moreno Rojas. (Ver: SITP de Bogotá: ¿segundo capítulo del carrusel de la contratación?)
El ente investigador sostiene que la Unad no contaba con los requerimientos exigidos para la ejecución del millonario contrato por lo que se vio en la necesidad de subcontratar. La empresa KPMG fue subcontratada para que analizara las propuestas presentadas po los oferentes, sin embargo pese a que el convenio era de 3 mil millones la firma solamente recibió $1.200 millones.
Para la Fiscalía General, es evidente que se presentó un sobrecosto y un desvío de los recursos públicos. Resalta además que la empresa KPGM “rajó” la mayoría de las propuestas estudiadas, sin embargo estas observaciones no fueron tenidas en cuenta por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad. (Ver: A la cárcel exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno)
Por estos mismos hechos es procesado el exsecretario de Movilidad, Fernando Álvarez Morales. En este caso la Fiscalía General sostuvo que con la celebración directa de este contrato se vulneraron directamente los principios de contratación pública que establece la ley puesto que el contratista no tenía ni la capacidad ni la experiencia para cumplir con los objetivos planteados.
Álvarez Correa fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá el pasado 25 de julio por decisión de un juez de control de garantías al considerar que puede obstruir el proceso y afectar los elementos materiales recolectados, así como presionar a los testigos que serán citados en el juicio.
El funcionario judicial tomó la decisión al darle validez a unas interceptaciones telefónicas en las cuales Álvarez Morales le comunica a su hijo que le llegó la citación a la audiencia de imputación de cargos. En ese momento le revela que es necesario hablar con un ministro para tratar el tema.
En las mismas interceptaciones hacen referencia a Martha, quien sería la exsubsecretaria de Movilidad, con el fin de que resuelva el problema. “Martha verá que pasa en el proceso”. Para el juez de control de garantías esto evidencia una voluntad para afectar a la administración de justicia y la integridad del proceso penal.
El exsecretario de Movilidad se declaró inocente de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales imputados por la Fiscalía General.
Para el próximo 18 de septiembre fue fijada la audiencia de imputación de cargos en contra de la exsubsecretaria de Movilidad de Bogotá, Martha Hernández dentro de la investigación que se adelanta por las irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en la capital de la República.
La investigación de la Fiscalía General sostiene que Hernández tuvo conocimiento de la celebración irregular del contrato 1229 de 2009 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la selección de las empresas oferentes para la adjudicación de las rutas del sistema integrado durante la administración de Samuel Moreno Rojas. (Ver: SITP de Bogotá: ¿segundo capítulo del carrusel de la contratación?)
El ente investigador sostiene que la Unad no contaba con los requerimientos exigidos para la ejecución del millonario contrato por lo que se vio en la necesidad de subcontratar. La empresa KPMG fue subcontratada para que analizara las propuestas presentadas po los oferentes, sin embargo pese a que el convenio era de 3 mil millones la firma solamente recibió $1.200 millones.
Para la Fiscalía General, es evidente que se presentó un sobrecosto y un desvío de los recursos públicos. Resalta además que la empresa KPGM “rajó” la mayoría de las propuestas estudiadas, sin embargo estas observaciones no fueron tenidas en cuenta por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad. (Ver: A la cárcel exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno)
Por estos mismos hechos es procesado el exsecretario de Movilidad, Fernando Álvarez Morales. En este caso la Fiscalía General sostuvo que con la celebración directa de este contrato se vulneraron directamente los principios de contratación pública que establece la ley puesto que el contratista no tenía ni la capacidad ni la experiencia para cumplir con los objetivos planteados.
Álvarez Correa fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá el pasado 25 de julio por decisión de un juez de control de garantías al considerar que puede obstruir el proceso y afectar los elementos materiales recolectados, así como presionar a los testigos que serán citados en el juicio.
El funcionario judicial tomó la decisión al darle validez a unas interceptaciones telefónicas en las cuales Álvarez Morales le comunica a su hijo que le llegó la citación a la audiencia de imputación de cargos. En ese momento le revela que es necesario hablar con un ministro para tratar el tema.
En las mismas interceptaciones hacen referencia a Martha, quien sería la exsubsecretaria de Movilidad, con el fin de que resuelva el problema. “Martha verá que pasa en el proceso”. Para el juez de control de garantías esto evidencia una voluntad para afectar a la administración de justicia y la integridad del proceso penal.
El exsecretario de Movilidad se declaró inocente de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales imputados por la Fiscalía General.