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27 Apr 2021 - 12:20 a. m.

Imputan a dos registradores en Norte de Santander por posible corrupción

Francisco Alberto Páez y Carlos Octavio Ramírez, registradores de Ábrego y Sardinata (Norte de Santander), fueron vinculados a una investigación por presunta tramitación de documentos falsos. Según las autoridades, serían el puente entre venezolanos y Estados Unidos.
Francisco Alberto Páez y Carlos Octavio Ramírez, registradores de Ábrego y Sardinata (Norte de Santander), respectivamente.
Francisco Alberto Páez y Carlos Octavio Ramírez, registradores de Ábrego y Sardinata (Norte de Santander), respectivamente.
Fiscalía
Francisco Alberto Páez y Carlos Octavio Ramírez, registradores de Ábrego y Sardinata (Norte de Santander), respectivamente.
Francisco Alberto Páez y Carlos Octavio Ramírez, registradores de Ábrego y Sardinata (Norte de Santander), respectivamente.
Foto: Fiscalía

Las registradurías de Ábrego y Sardinata, en Norte de Santander, serían el puente perfecto entre extranjeros corruptos, quienes querían hacerse pasar por colombianos documentados, y Estados Unidos o países de Europa. La Fiscalía acaba de imputar a Francisco Alberto Páez y Carlos Octavio Ramírez, respectivos jefes de las seccionales, por presunta tramitación de documentación falsa.

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De acuerdo con la Fiscalía, fue “desarticulada una red delincuencial señalada de obtener documentos de identidad de manera fraudulencia”. La operación se llevó a cabo en colaboración con el Ejército, Migración Colombia, la misma Registraduría Nacional y hasta la Embajada de Estados Unidos. En total fueron capturadas nueve personas, entre ellas los registradores de Ábrego y Sardinata.

Un juez de control de garantías escuchó los argumentos de la Fiscalía, la cual pidió procesar a los capturados por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, cohecho -soborno- propio, prevaricato por acción y falsedad material en documento público. Todos tienen altos cargos en ambas registradurías.

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Según lo señaló la Fiscalía, los nueve capturados habrían nacionalizado, como colombianos, a ciudadanos mexicanos, venezolanos y de Republica Dominicana. A cambio de dinero, sostiene el ente investigador, les conseguían registros civiles, cédulas y pasaportes, los cuales salían con la firma autentica de las registradurías de Ábrego y Sardinata.

“El material de prueba evidencia que los documentos de identificación habrían sido tramitados y soportados con información falsa y declaraciones de aparentes testigos, quienes indicaban que los aspirantes nacieron en Colombia o llevaban varios años viviendo en el país. Hay indicios de algunos casos en los que, con esta documentación, fueron solicitadas visas para ingresar a Estados Unidos y países de Europa”, agregó la Fiscalía.

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Aparte de los dos registradores, el juez de garantías avaló la imputación de los siguientes funcionarios: Elkin Bacca, auxiliar de la Registraduría de Ábrego; María del Pilar Montejo, esposa del registrador de Sardinata y presunta tramitadora; Ayda Luz Sánchez, exfuncionaria de la seccional de Sardinata; Carmen Cecilia Cañas, exfuncionaria de la Registraduría Nacional; Emilse Conde, alias La Mona, supuesta articuladora principal; Carlos Eduardo Jaime, esposo de alias La Mona y señalado tramitador; y Jaime Olivares, presunto tramitador.

El registrador nacional Alexander Vega Rocha, por su parte, agregó que ese tipo de organizaciones no solo se dedican a falsificar documentos, si no también a la trata de personas. “Hay casos en los que venden niñas a través de esta modalidad, suplantan la edad de las menores para hacerlas pasar como mayores y someterlas a la prostitución”, dijo en un reciente comunicado.

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Según estadísticas de la Registraduría Nacional, en medio de la lucha contra la corrupción, las autoridades de esa institución están revisando más de 300.000 registros de nacimiento que habrían sido inscritos de manera irregular y, además, de matrimonios ficticios de personas que pretenden residir en Colombia. Por último, el registrador vega aseguró que 10 registros civiles de defunción fueron utilizados para encubrir la identidad de narcos, cabecillas del Eln, disidentes de las Farc e integrantes del Clan del Golfo.

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