Ante una jueza de control de garantía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos en contra de tres exfuncionarios del Ministerio de Defensa por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con el mantenimiento de la flotilla de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército. Los imputados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exjefe de contratación de Indumil; el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación Número 22 del Ejército; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Protección de Capacidades e Innovación de esa cartera.
El caso está relacionado con la posible entrega a dedo de un contrato por USD 32 millones para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros a la empresa Vertol Systems, el 31 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía, las evaluaciones a la propuesta de esa firma en la licitación indicaban que no tenía las capacidades técnicas ni la experiencia necesarias para ejecutar el contrato. Sin embargo, la empresa ganó la invitación pública y un año después, ante sus incumplimientos, se hizo a una sanción por parte del Ministerio de Defensa, de COP 33.700 millones.
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Lo que sostiene la Fiscalía es que Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa y también involucrado en el caso, habría concertado con Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, relacionados con la firma Vertol, para direccionamiento irregular del millonario contrato. Según el ente investigador, los contratistas, “entre los meses de septiembre y octubre de 2024, (...) lograron cohesionar a varios servidores públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que direccionaran el proceso contractual”.
Para lograr el direccionamiento del contrato, dice la Fiscalía, se habría formado un esquema ilegal al interior del Ministerio de Defensa en el que, al parecer, habrían participado los tres funcionarios imputados este 8 de septiembre, omitiendo las funciones establecidas en el manual de contratación de esa cartera del gobierno. En el caso puntual del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, la imputación señala que, como gerente de proyecto para la contratación, le habría insistido al representante de Vertol en tres oportunidades para que se presentara a la licitación, pese a que no cumplía con los requisitos.
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Además, habría intervenido para ampliarle a la empresa Vertol los plazos para presentarse a la licitación para el mantenimiento de los helicópteros y habría facilitado su participación flexibilizando los requisitos. Sobre el presunto rol de Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Protección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, lo que dijo la Fiscalía durante la imputación es que se habría aliado con el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte para beneficiar a la empresa estadounidense en la evaluación al establecer “un requisito habilitante mínimo” sobre sus capacidades económicas.
Los investigadores del búnker sostienen que, para lograr poner los requisitos de la contratación a la medida de la empresa Vectol y asegurar que se quedara con el contrato, también habría intervenido Hugo Alejandro Mora Tamayo, exjefe de contratación de Indumil. Los tres exfuncionarios, según la investigación, sabían que Vertol no tenía la experiencia, las capacidades técnicas ni financieras para asumir el mantenimiento de los helicópteros del Ejército colombiano. Pese a ello, insistieron en mover la constatación para que quedara en manos de la mencionada empresa.
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Los presuntos beneficios por parte de los exfuncionarios durante la contratación, según la imputación, fueron lo que permitió que en diciembre de 2024 la empresa Vertol se quedara con el negocio. Pero las irregularidades continuaron. El ente investigador señala que en enero de 2025, ya en ejecución del contrato, la firma estadounidense no aportó las pólizas que le correspondían, solicitó prórrogas y cambios en la forma de pago del contrato “para obtener liquidez” por medio de un anticipo de más COP 69.000 millones que fue pagado.
Justo por esos incumplimientos, la empresa Vertol terminó sancionada por el propio Ministerio de Defensa en 2025. Los tres exfuncionarios imputados tendrán que responder por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato si cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública y peculado por apropiación. El proceso contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto también avanzará con la audiencia de acusación en contra de él y de otros cinco presuntos implicados en el caso, el próximo 23 de septiembre a las 10:30 de la mañana.
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